La Audiencia de Bilbao suspende el juicio por delito ecológico a dos constructoras

La Audiencia de Bilbao suspendió ayer el juicio contra tres directivos de las constructoras Ferrovial y Cadagua por un presunto delito ecológico en las obras de la depuradora de Gorliz. El aplazamiento de la vista en el juzgado de lo penal número 6, cuya nueva fecha de celebración no fue concretada, se debió a la ausencia de uno de los principales testigos de la causa, que no pudo asistir debido a una enfermedad.La solicitud de la suspensión fue planteada por el fiscal, quien ha pedido un total de siete meses de prisión (dos años y cuatro meses en cada caso) para Javier López-Ulloa, representante legal de Ferrovial; Luis Quintana, jefe de obra, y José Luis Mugueta, gerente de la unión temporal formada por Ferrovial y Cadagua.

La técnico del Departamento de Sanidad del Gobierno vasco que descubrió el vertido contaminante, citada como testigo, no acudió a la vista por estar enferma. El Ministerio Fiscal consideró que su presencia era determinante para el esclarecimiento de lo ocurrido en abril de 1995.

El presunto delito ecológico se fundamenta en un vertido que, en aquellas fechas, causó la muerte de miles de peces en un arroyo cercano en el momento en que desarrollaban las obras. En concreto, se rompió una tubería de aguas fecales, lo que provocó "un aumento considerable del Ph del arroyo, debido a la presencia elevada de calcio y una disminución del oxígeno disuelto", según el escrito de acusación del fiscal.

La técnico de Sanidad que ayer no asistió al juicio determinó la contaminación y ordenó el acotamiento de la zona de baño de la playa de Gorliz, al constatar la existencia de riesgo para la salud humana. En su informe, censuró la existencia de escorias de acero -utilizadas para rellenar los terrenos- en la zona y recomendó la retirada de este material a otro lugar más adecuado.

La depuradora de Gorliz, inaugurada en 1997, tuvo otro episodio contaminante ese año por unos vertidos fecales.