Tocino llevará a la Junta de Andalucía ante el Constitucional por el control de Doñana

El Gobierno insiste en plantar batalla a la Junta de Andalucía por la norma autonómica sobre Doñana, que otorga a la Administración regional las competencias de gestión del Parque Nacional y su entorno. La ministra de Medio Ambiente, Isabel Tocino, confirmó que el Gobierno recurrirá la ley autonómica ante el Tribunal Constitucional antes del plazo límite previsto, el 25 de febrero. Tocino presidió ayer el Patronato del Parque Nacional, acto en el que los científicos informaron del descubrimiento de malformaciones en un pequeño grupo de cigüeñas que habitaban aguas afectadas por el vertido tóxico en el río Guadiamar.

El alto tribunal declaró hace cuatro años "inconstitucionales" los apartados de la ley socialista de 1989 que otorgaba al Estado la gestión única del parque nacional. En 1997, el PP elaboró una nueva norma con un modelo de gestión que incluye una comisión mixta formada por la Junta y el Gobierno central. Sin embargo, en octubre de este año, el Parlamento andaluz obvió la norma impulsada por Isabel Tocino y dio un paso más: aprobó la Ley del Espacio Natural Doñana, que prevé para la Junta la gestión única del entorno de la reserva, concebido como un solo espacio que incluye al parque nacional y al parque natural (cuya gestión ya es de competencia autonómica).Tocino, que interrumpió el pleno del Patronato del Parque Nacional de Doñana para dar una conferencia de prensa, aseguró que la ley de la Junta se recurrirá en su totalidad. "No responde a los criterios del Gobierno y del Tribunal Constitucional, que los socialistas han incumplido durante más de un año y medio", argumentó la ministra.

El consejero de Medio Ambiente de la Junta, el socialista José Luis Blanco, que también acudió al Patronato, auguró que el ministerio perderá el recurso: "Las competencias en materia de conservación de la naturaleza son exclusivas de la Junta; lo único que van a conseguir con esto es que se retrase la puesta en marcha de la ley". Y añadió: "Este problema se debe solucionar políticamente".

El pleno del Patronato analizó también los informes de expertos sobre la situación actual del parque nacional más de un año y medio después del vertido tóxico en el río Guadiamar. "Nadie puede hablar ahora de contaminación en el parque, y prueba de ello es que este año se ha batido el récord de invernada en el parque con 670.000 aves acuáticas", informó la ministra.

Tocino, sin embargo, no refirió que esa acumulación de aves, sobre todo de gansos, había sido explicada con preocupación por los científicos, que reclamaron un plan para controlar la población de gansos, que pueden invadir el espacio de otras especies protegidas.

Picos deformados

La ministra de Medio Ambiente afirmó también que los análisis realizados a seres vivos fuera de la reserva nacional demuestran que los niveles de concentración de metales pesados en aves "han disminuido". "Los expertos consideran que los temas de contaminación carecen de especial trascendencia en la actualidad", aseguró.

Tocino se apoyó en los datos de los expertos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), aunque no informó a los medios de comunicación de los análisis que están llevando a cabo estos científicos sobre las deformidades en picos y patas que presentan una veintena de cigüeñas rescatadas, unos días después del vertido tóxico, de la Dehesa de Abajo, una reserva natural próxima al río Guadiamar.

El portavoz de Ecologistas en Acción en Huelva, Juan Romero, precisó , tras el pleno del Patronato, que las malformaciones (picos torcidos hacia arriba, patas deformes) se habían encontrado en "un 5%" de los pollos de la reserva (fuera de los límites del parque nacional) y que fueron llevados al Centro de Recuperación de Aves del parque nacional para seguir su evolución.

El director de la Estación Biológica de Doñana (CSIC), Miguel Ferrer, confirmó la existencia de la veintena de cigüeñas con malformaciones, de las que informó en el Patronato, en respuesta a Ecologistas en Acción. Ferrer indicó que no habían demostrado la existencia de una relación causa-efecto entre el vertido tóxico y las deformaciones, pero sí aseguró que se había encontrado una fuerte acumulación de metales pesados en las vísceras de los ejemplares afectados. El director de la Estación afirmó que este episodio "no supone amenaza alguna para la población de aves".