La Eurocámara exige que el sector público se someta a la ley contra la morosidad

El Parlamento Europeo exigió ayer que las entidades públicas también queden sometidas a la directiva (ley comunitaria) contra la morosidad que regulará las sanciones a las empresas que retrasen el pago de sus deudas. Los eurodiputados aprobaron un conjunto de enmiendas a la propuesta de directiva en las que exigen que el sector público se someta a las mismas normas cuando haga operaciones comerciales.La modificación introducida por el pleno de Estrasburgo obligará a los Quince a reabrir la negociación sobre esta normativa, ya que los ministros decidieron excluir totalmente su aplicación al sector público. Se evitaba de esta forma que hospitales u otras entidades similares se vieran obligadas a pagar las deudas a sus empresas suministradoras en unos plazos determinados, cuyo incumplimiento conllevará un recargo.

El Parlamento Europeo considera que la inclusión del sector público es de especial importancia para las pequeñas y medianas empresas (pymes) ya que la contratación pública recurre "habitualmente" a plazos de pago "desproporcionados". Uno de cada cuatro casos de quiebras de empresas se atribuye a demoras excesivas en los pagos, lo que resulta en una pérdida de 400.000 empleos anuales en toda Europa, según indica la ponencia elaborada por el eurodiputado laborista británico Simon Murphy.

El montante de los retrasos en los pagos asciende a una cantidad astronómica, unos 23,6 billones de euros anuales, gran parte perteneciente a deudas de las empresas públicas, añade.

Aprobado el Presupuesto

Por otra parte, la sangre no llegó al río en la querella que enfrentaba al Parlamento Europeo y el Consejo de ministros de la UE sobre el presupuesto comunitario del año 2000, informa Walter Oppenheimer. Tras el acuerdo de la víspera por el que el Consejo aceptaba aumentar en 180 millones de euros las partidas destinadas a Kosovo, el Parlamento aprobó ayer en segunda lectura las cifras para el próximo ejercicio.

El presupuesto aprobado se eleva a 93.280 millones de euros (15,52 billones de pesetas) para los créditos de compromiso, lo que supone una reducción del 3,7% frente a 1999. Las diferencias entre Parlamento y Consejo sobre los gastos de la categoría 4, las acciones exteriores de la UE, han estado a punto de llevar a la Eurocámara a la decisión de rechazar la propuesta de los Quince. El Parlamento exigía superar en este capítulo el tope fijado en la cumbre de Berlín para el periodo 2000-2006.