El "caso Ollero" queda visto para sentencia tras siete años de proceso

El largo proceso del caso Ollero tuvo ayer también un largo final con alrededor de cinco horas de sesión en las que las defensas de los cinco imputados arguyeron la inocencia de sus clientes. A la Sala Primera de la Audiencia de Sevilla llegaron otra vez las quejas sobre el origen del caso por un anónimo y las presuntas irregularidades cometidas por la policía durante los casi seis meses en los que tuvieron intervenidos varios teléfonos de particulares y algunas sociedades. Este punto no morirá con la próxima sentencia, ya que será utilizado en una futurible apelación al Supremo.

El turno de las defensas empezó con el letrado que se ocupa del ex consejero de Obras Públicas Juan José López Martos. Después de que el fiscal retirara la pesada acusación de cohecho, la labor del abogado José Ángel García Fernández se centró en torpedear la de prevaricación. La defensa de López Martos aseguró que el consejero tan sólo realizó una "selección provisional", a favor de Ocisa para la adjudicación de la obra entre Salinas y Las Pedrizas, corrigiendo así la certificación del fiscal que aseguraba que se trataba de una "adjudicación provisional". Según las tesis de López Martos, el Ministerio Público se equivoca, ya que la concesión de la citada carretera en 1992 se realizó a través de un concurso y no de una subasta, en la que la adjudicación provisional es inmediata para el ganador.Además, se recordó ayer que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía rechazó una protesta de Ocisa, a la que se le denegó la obra tras estallar el escándalo por el presunto soborno de 127 millones. Esta tesis, según la defensa del ex consejero, confirma que la decisión de darle la obra a Ocisa a cambio de una fórmula de pago más dilatada en el tiempo (la Junta apenas tenía fondos en 1992 con las diversas obras de infraestructuras acometidas) no era en ningún caso irrevocable.

El abogado de Jorge Ollero, José Antonio Bosch, tildó a su cliente de "vendedor de humo", pero alejado del castigo penal. La defensa del ex director general de Carreteras Manuel Ollero recalcó que la información que éste podría haberle dado a su hermano estaba lejos de ser un secreto, por lo que pidió su absolución.

Francisco Baena Bocanegra defendió con ardor y duración a los ex altos cargos de Ocisa Jesús Roa y Luis Nogueira centrándose en rebatir la ilegalidad de las facturas incluidas en el sumario. El letrado concluyó que el fiscal no había probado la culpabilidad de sus clientes.

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