Aragón recurrirá por inconstitucional la reforma de la Ley de Aguas

El Gobierno aragonés, que preside el socialista Marcelino Iglesias, aprobó ayer un decreto para presentar recurso de inconstitucionalidad contra la reforma de la Ley de Aguas, fundamentado en la negativa a ceder caudales de una cuenca a otra. El titular aragonés de Medio Ambiente, Víctor Longás, declaró a este periódico: "Estamos en contra del mercadeo del agua y, además, somos conscientes de que ese mercado es la puerta para los trasvases".El decreto, aprobado ayer en el Consejo de Gobierno, no hace sino refrendar la advertencia que el presidente de Aragón hizo en su toma de posesión el pasado 2 de agosto. Iglesias advirtió que su Ejecutivo -compuesto por PSOE y Partido Aragónes (Par)- vigilaría la reforma de la Ley de Aguas para que con ella no se abriese la mano al mercado del agua.

Ahora los servicios jurídicos preparan un recurso en el que se constata que la reforma legislativa no habla de la cesión de caudales de una cuenca a otra en situaciones extraordinarias, sino que esa cesión se configura "como derecho del adquiriente que sólo tiene como límite temporal lo que reste del tiempo de la concesión al primitivo concesionario".

En el texto aprobado ayer se recalca que la autorización para ceder agua de una cuenca a otra, "si bien establece la existencia de autorización administrativa de los contratos privados, fija unos plazos fugaces -de uno o dos meses- en los que se entienden autorizados los contratos por silencio administrativo positivo" .

Es en este punto donde Aragón planteará el contencioso, primero que se anuncia en España, porque cree que hay una clara colisión de este derecho con las características de dominio público, tal y como figura en el artículo 132 de la Constitución.

"No podemos organizar el territorio ni fijar la población si se abre la llave a los trasvases entre cuencas sin haber garantizado las necesidades de nuestra tierra", concluyó Longás.