Los jueces temen que el nuevo sistema informático colapse los juzgados

Los jueces de Instrucción de Valencia se reunirán para buscar soluciones a los problemas ocasionados por el sistema informático que a partir del próximo enero debe organizar el funcionamiento de los juzgados y repartir el trabajo entre ellos. Hasta el momento, las pruebas realizadas han anticipado dificultades que podrían colapsar el funcionamiento de los juzgados. "Estoy muy preocupado", asegura el decano de los jueces de Valencia, Fernando de Rosa.

El programa Libra, creado por el Ministerio de Justicia, sustituirá con el año 2000 al sistema informático utilizado hasta el momento, el Inforius. Y su llegada a los órganos encargados de investigar los delitos de carácter penal no ha sido brillante. Las deficiencias estructurales del sistema -el gobierno canario remozará totalmente el software diseñado en Madrid- y la premura de tiempo con la que ha sido instalado -apenas un mes antes de su plena entrada en funcionamiento- podrían colapsar el juzgado de guardia y, en consecuencia, paralizar el reparto de asuntos desde los juzgados. Así, los magistrados ya han planteado en una primera reunión varios de los problemas del sistema Libra. La comunicación de los habeas corpus no se realiza, con lo que cualquier detenido por la policía que solicita su inmediata puesta a disposición del juez no ve atendida, o al menos estudiada, su petición. Las denominadas ampliatorias, las actuaciones policiales o judiciales relacionadas con una anterior denuncia, son otra fuente de problemas por la dificultad en encontrar la información original o, por mencionar otro ejemplo, el principio del doble registro no funciona. Es decir, algo tan básico como la intercomunicación en los juzgados es una utopía. El sistema ha sido incapaz de transmitir, por el momento, la información recibida en el juzgado de guardia al órgano jurisdiccional al que ha correspondido en suerte el asunto. Más allá de los problemas burocráticos, estas disfunciones del sistema preocupan profundamente a los jueces.

No es para menos, porque los problemas informáticos tienen importantes efectos prácticos, especialmente en una organización en la que el trasvase de información es continuo. Por ejemplo, el juez competente para investigar una infracción relacionada con la violencia doméstica no podría tomar medidas cautelares contra el supuesto responsable del delito en caso de que éste, por decir algo, haya vuelto a reincidir. La denuncia no llegaría hasta el magistrado pertinente al no poder salir del juzgado de guardia.

La paralización en un cajón de una denuncia por un delito de violación, por trabajar con otra hipótesis, podría impedir la búsqueda de las pruebas que esclarecieran el delito. "No me preocupan tanto la tramitación de las demandas como una posible paralización en la resolución de delitos de gravedad o problemas que afectan a los derechos fundamentales", asegura, preocupado, de Rosa.

En cualquier caso, los especialistas del decanato y la Generalitat trabajan contrarreloj para solucionar estos problemas, que han provocado una reunión extraordinaria el próximo lunes. Antes, el director general de Justicia, Eloy Velasco, insistió en que los juzgados entrarán en el 2000 sin problemas técnicos.