La venganza pasa factura

No sólo los nazis tiemblan ante la justicia de Núremberg. Hay dos ancianos judíos que aguardan en Israel una posible acusación llegada directamente desde la fiscalía de la ciudad alemana. Son Leipke Distel y Joseph Harmatz, de 74 y 77 años, respectivamente, sospechosos de haber intentado asesinar en Alemania a unos 2.000 soldados nazis en 1946, después del triunfo de las tropas aliadas.Según su propio testimonio, los dos ancianos, entonces miembros de un grupo clandestino de resistencia judía, decidieron vengarse de los nazis por el exterminio de seis millones de judíos. Para ello, se hicieron pasar por trabajadores de la empresa panadera Konsum y acudieron al campo de prisioneros de Langwasser, donde estaban detenidos 12.000 nazis tras su derrota militar. Allí distribuyeron pan envenenado con arsénico. No hubo víctimas mortales, pero unos 200 oficiales alemanes fueron hospitalizados.

La Fiscalía de Núremberg acaba de abrir una investigación por estos hechos contra los dos ancianos judíos. La razón es que, a pesar de que los sucesos en el campo de Langwasser eran conocidos, los dos ancianos relataron su peripecia recientemente en una televisión alemana. "No tenemos constancia de que hubiera muertos, aunque informes israelíes han llegado a hablar de unas 300 bajas por envenenamiento", declaró Ewald Behrschmidt, juez del Tribunal Superior de Justicia de Núremberg. "Sí sabemos que unos 200 SS tuvieron que ser hospitalizados por envenenamiento".

Pero, ¿qué ha pasado para que, 53 años después, se abra un sumario contra Distel y Harmatz? La historia de esta causa es tan vieja como su crimen. Tras el fin de la guerra, en 1945, era conocida en Núremberg la existencia de un grupo clandestino de judíos llamado Nakam (Venganza), del que formaban parte, supuestamente, los dos protagonistas de la historia. El intento de crimen masivo con pan envenenado era conocido entonces, pero la justicia no logró tener nunca pruebas ni sospechosos, más allá de que los autores del mismo podían pertenecer al citado grupo clandestino, según explica Behrschmidt, también director de la Oficina de Información del citado juzgado. "Nunca encontraron a los responsables". En los años sesenta se reabrió el caso, pero sin éxito. Fue hace cuatro años cuando una televisión entrevistó a Harmatz y Distel, aunque de forma anónima. "Intentamos encontrarles para aclarar las cosas", dice Behrschmidt, "pero no lo conseguimos".

La cosa no fue a mayores entonces, pero quedó tintineando en la memoria de los fiscales hasta que, este año, la televisión local de Núremberg les volvió a entrevistar, pero esta vez con nombre y apellidos. "¡Y confesaron lo que hicieron! Ahora tenemos un problema: dos personas han confesado el intento de asesinato de 2.000 personas. Es un crimen cuya persecución no prescribe. Así que la fiscalía está obligada a aclararlo. No se puede cerrar así, sin más, el expediente, por más que los sospechosos estén en un país extranjero. No sabemos si serán acusados o no, pero es nuestra obligación aclarar qué pasó", afirma el juez del tribunal Superior de Núremberg.

La persecución de estos dos judíos supervivientes del holocausto no ha sentado bien en algunos medios de Núrem-berg, que la consideran algo desproporcionada frente al largo inventario de crímenes nazis. La diputada ecologista de Núremberg Christine Stahl ha interpuesto una protesta ante el Gobierno local, según informó el diario Nürnberger Nachrichten. "Es difícil acusar a gente que actuó desesperadamente como consecuencia de haber sido sometidos a una destrucción en masa", aseguró Stahl al citado diario.

Pero el fiscal jefe de Núremberg-Fürth, Klaus Hubmann, tiene muy claro su sentido del deber: "Estamos en una fase preliminar de las investigaciones", asegura en una entrevista al mismo periódico. "Y, normalmente, los Estados no extraditan a sus ciudadanos por hechos como éstos. Pero la circunstancia de que nuestras posibilidades de castigar a los culpables sean pequeñas no debe impedir que emprendamos una investigación". Si la acusación se llegara a sustanciar, concluye el juez Behrschmidt, el caso quedaría en manos del Gobierno alemán, que sería el encargado de decidir si se solicita la extradición de los dos ancianos.