Estrasburgo juzga si España violó en TVE la libertad de expresión
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, dependiente del Consejo de Europa y con sede en Estrasburgo, celebró ayer audiencia pública para juzgar si el Estado español violó el derecho a la libertad de expresión. La demanda contra España fue presentada por el realizador Bernardo Fuentes Bobo, expulsado en 1994 de TVE tras criticar duramente a los dirigentes del ente público.Fuentes Bobo, empleado de TVE desde 1971, participó en las reivindicaciones contra los planes de reducción de empleo en el ente público y fue coautor de un artículo publicado en 1993 en Diario 16, titulado Expoliación de un bien público, en el que criticaba la gestión de diversos directivos de TVE designados después de 1982, a los que se acusaba de practicar el terrorismo profesional y la privatización de la televisión pública, entre otras cosas.
Otras acciones en las que intervino Fuentes Bobo fueron la difusión en el centro de TVE de Somosaguas de un escrito que denunciaba corrupción, abusos y desprecio a los derechos. Objeto de sanciones disciplinarias, Fuentes Bobo prosiguió difundiendo sus comentarios adversos a los directivos de TVE. En febrero de 1994, en un programa de radio, llegó a decir, entre otras acusaciones, que algunos dirigentes de TVE "se cagan en el personal, en los trabajadores".
Tras el despido de que fue objeto dos meses después, Fuentes Bobo reclamó a todas las instancias judiciales españolas, hasta llegar al Tribunal Constitucional, que desestimó su recurso de amparo, por entender que había sido despedido "no por divulgar una información inexacta, sino por haber tenido propósito ofensivo contra los dirigentes de la empresa".
El Tribunal de Estrasburgo, al que se dirigió Fuentes Bobo, admitió a trámite su demanda por estimar que planteaba "cuestiones de derecho y de hecho complejas, que (...) necesitan un examen sobre el fondo". Tal examen lo realizó ayer el Tribunal, que dictará sentencia próximamente. El representante del Gobierno español, Javier Borrego, alegó que la libertad de expresión no ampara el derecho a insultar.
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