El referente nórdico ÁNGEL CASTIÑEIRA / JOSEP M. LOZANO

En los balances que se han hecho de los 20 años de autonomía, ha sido un lugar común recordar, con un deje de nostalgia o de ironía, cómo en el pasado los países nórdicos eran un referente, al menos retórico, para algunos proyectos políticos. Hoy, simplemente, han desaparecido de nuestro mapa mental y, tras la marcha de Laudrup, parece que nada nos une a ellos. Sin embargo, que haya decaído nuestro interés no significa que allí no se esté cociendo nada interesante. Al contrario. Existen múltiples experiencias innovadoras tanto en el ámbito político como en el económico y el social.

Un ejemplo a seguir de cerca es The Copenhagen Centre. El origen de su existencia es el reconocimiento de que una de las constantes de los procesos de cambio que están viviendo los países desarrollados, en el marco de la reformulación del Estado de bienestar, es la consolidación de la exclusión social de una parte de la población. Hasta aquí nada nuevo. Lo que resulta innovador es la concepción que justifica la creación de dicho centro y las iniciativas que promueve. El punto de partida es, por una parte, que la exclusión social y los problemas relacionados con ella hoy ya no pueden resolverse únicamente con actuaciones gubernamentales; y, por otra, que la cohesión social es un bien común que está en el trasfondo, como condición de posibilidad, del desarrollo exitoso de muchas iniciativas económicas, democráticas, educativas o asociativas.

Lo que se ha planteado en Dinamarca es crear un espacio de encuentro en el que todas las partes implicadas (Gobierno, empresas, sindicatos, asociaciones, corporaciones locales, universidades) puedan reflexionar conjuntamente sobre los problemas, discutir proyectos, hacer propuestas e intercambiar experiencias. No se trata, pues, simplemente de negociar intereses, sino de compartir responsabilidades. El reto es crear un espacio de diálogo y de aprendizaje compartido que permita explorar y contrastar las iniciativas que se pueden llevar a cabo, tanto conjuntamente como desde cada ámbito de actuación.

Este planteamiento tendente a la configuración de un nuevo contrato social no implica que nadie haga dejación de sus responsabilidades, y mucho menos el Gobierno. Ni tampoco de que nadie ocupe terrenos que no le corresponden. Lo que se plantea aquí es pensar de manera diferente sobre los problemas sociales y, sobre todo, abordarlos como un reto común. Se trata de aprender a dialogar, de ampliar las propias perspectivas, de compartir esfuerzos e iniciativas, de replantear las líneas de actuación, de desarrollar iniciativas conjuntas entre todos los sectores. De ahí pueden nacer cambios legislativos, proyectos empresariales, propuestas educativas, etcétera. Pero, sobre todo, nace una nueva manera de entender y de impulsar la involucración, el diálogo y la colaboración de todos los actores cuando se trata de afrontar retos sociales. En este contexto, se están experimentando iniciativas como, por ejemplo, el impulso de políticas empresariales de recursos humanos que incorporan a personas en situación de exclusión, la creación de una red de directivos empresariales comprometidos con la responsabilidad social, la involucración de los sindicatos en el tratamiento de los grupos más vulnerables del mercado de trabajo, la incentivación de proyectos de cooperación muy ligados a las comunidades locales, o el desarrollo de nuevas metodologías para evaluar los resultados y la transparencia de las actuaciones de todo tipo de organizaciones desde una perspectiva ética y social, y no sólo económica. El centro, creado por iniciativa del Gobierno pero que funciona como institución autónoma, actúa como facilitador para promover el intercambio, el análisis, la investigación y el desarrollo de experiencias.

Resulta sugestivo contrastar experiencias de este tipo desde Cataluña, donde hoy parece que el instrumento más necesario para desarrollar la acción o el comentario políticos sea la calculadora. Vale la pena preguntarse si todo a lo que