La vista del "caso Ollero" se reanuda con la declaración de nuevos testigos

La vista oral del denominado caso Ollero que se celebra en la Sala Primera de la Audiencia de Sevilla continúa esta semana con los testimonios de nuevos testigos. Para la decimocuarta sesión están citados 14 testigos, entre los que destacan los policías que ejecutaron las escuchas telefónicas dictadas por la juez. Lo que digan estos agentes -que probablemente no comparecerán hasta el lunes- puede reabrir el aspecto político de este juicio de dos caras y, sin duda, lo aprovecharán las defensas para buscar presuntas irregularidades.

Desde el mismo momento en el que Jorge Ollero fue detenido con 22 millones de pesetas en metálico dentro de un maletín a bordo de un flamante todoterreno en 1992, este caso ha mostrado dos caras de manera muy nítida: el presunto delito de extorsión y cohecho por cobrar a una empresa constructora por la adjudicación de una infraestructura y las posibles consecuencias políticas por la supuesta financiación irregular del PSOE gracias a estos fondos.Nueve años después, las cosas apenas han cambiado en el juicio que ha sentado en el banquillo al citado Jorge Ollero, a su hermano Manuel, ex director general de Carreteras de la Junta, al ex consejero de Obras Públicas Juan José López Martos y a los dos ex altos cargos de la constructora Ocisa Jesús Roa y Luis Nogueira, acusados éstos de pagar 127 millones por hacerse con la carretera Salinas-Las Pedrizas.

Los testimonios de los policías previstos para los próximos días, le darán de nuevo notoriedad al aspecto más político de los presuntos delitos. En las 43 cintas grabadas en los teléfonos particulares y profesionales del difunto Pedro Llach y Jorge Ollero es donde aparecen algunas referencias a altos cargos de la Junta y del PSOE.

La comparecencia de los policías le dará también la oportunidad a las defensas de ahondar en las posibles irregularidades cometidas a la hora de grabar las cintas por orden de la juez de Instrucción Pilar Llorente. Las defensas ya han anunciado que, en caso de perder el juicio en la Audiencia sevillana, recurrirán ante cuantas instancias superiores sean necesarias, con el principal argumento de la presunta ilegalidad y desproporción de las escuchas.

Durante la vista, López Martos se negó a responder a las preguntas de la acusación tras asegurar que la ley le daba la potestad de elección en las obras de infraestructuras, pero Manuel Ollero sí que se prestó a hacer frente a las cuestiones. Sorprendentemente, al abogado que ejerce la acusación popular por parte del PP y que pide duras penas para estos dos hombres, no se le ocurrió en ese momento ninguna cosa que decirle al imputado para intentar meterlo en un aprieto o contradicción ante sus presuntos delitos.

El juicio político, en este caso, está alejado de la sala. De hecho, tal y como aseguran los abogados e imputados, se sienten juzgados desde hace siete años en los tribunales de los titulares de prensa. Sobre la presunta comisión cobrada, una vez fallecido Llach y con Gustavo Durán fuera del caso, Jorge Ollero es que aparece en el ojo del huracán. Las penas a las que sería condenado si el tribunal lo considerara culpable no pasarían de unos meses de cárcel y una multa.