Caro kilovatio

LA OCDE ha elaborado un informe en el que España aparece como el cuarto país con la electricidad doméstica más cara del mundo, detrás de Japón, Dinamarca y Bélgica. Ratifica las conclusiones de otros informes conocidos, como el que recientemente publicó la National Utility Service -una organización dedicada al análisis y control del ahorro y de los costes energéticos-, que situaba a España como el país desarrollado con los precios de la electricidad más elevados, detrás de Italia. Aunque la propaganda del Gobierno insiste machaconamente en la liberalización del sector eléctrico y en las rebajas de tarifas aplicadas en los últimos años, los informes neutrales y los estudios independientes indican tercamente que España tiene un mercado eléctrico cerrado, con unos precios poco competitivos que no solamente encarecen el recibo de la luz de los consumidores domésticos, sino que en varios sectores estratégicos encarecen innecesariamente los costes de producción.El Ministerio de Industria ha empleado mucho tiempo y esfuerzos en demostrar que las compañías eléctricas se merecen los 1,3 billones de pesetas que el Gobierno calculó gratuitamente como indemnización por el paso de un régimen eléctrico intervenido a otro de mercado libre. Uno de los argumentos utilizados insistentemente por el Gobierno y los grupos de presión ante la Comisión Europea para conseguir una autorización inmediata de esa compensación es que las empresas eléctricas habían aceptado y aplicado una liberalización total e inmediata del mercado eléctrico. Este argumento resulta inaceptable después del informe de la OCDE, de otros estudios que van en la misma dirección y de los cálculos oficiales de la Comisión Europea, que sitúa la apertura del mercado eléctrico español muy por debajo de la media comunitaria.

El Gobierno español puede afrontar esta opinión con diversos talantes. Uno, desafortunadamente el más probable, es sostenella y no enmendalla, insistir en la ficción del mercado eléctrico totalmente liberalizado y en las excelencias de unas rebajas de tarifas como las practicadas hasta ahora, insuficientes y por debajo incluso de las que se producirían aplicando la reducción de tipos de interés registrada en los últimos años. Otro, más favorable para los consumidores, sería reelaborar la Ley Eléctrica y las normas que la desarrollan para procurar una liberalización efectiva del mercado eléctrico y acabar con el duopolio de hecho actual, que encarece los costes, evita la competencia y perjudica a los consumidores.