El "duopolio" de Iberdrola y Endesa altera el mercado

Dos empresas, Endesa e Iberdrola, generan el 76% de la electricidad que se consume en España. Esta realidad, combinada con las ayudas pactadas para las compañías por el Gobierno, con la importación escasa de energía eléctrica de países vecinos, con la todavía modesta implantación del gas natural y la "distorsión" de precios, impiden, en opinión de los expertos de la Agencia Internacional de la Energía que han elaborado el informe -denominado OCDE, Proyecto de Reformas Regulatorias, España- el desarrollo en España de un verdadero mercado de la electricidad pese a los avances registrados.Por ello, el organismo realiza una serie de recomendaciones que pueden ser polémicas y que, en cualquier caso, cuentan, de entrada, con la radical oposición de las compañías eléctricas.

Entre dichas propuestas se encuentra la de obligar a Endesa e Iberdrola a "desgajar" parte de sus activos de generación eléctricos, forzándolas a venderlos o a establecer contratos de cesión con otros potenciales suministradores de energía. Esta idea, que ya fue barajada y defendida por el anterior equipo responsable de la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico (CNSE) se ha aplicado, en diferentes variantes y con éxito en países como el Reino Unido (Inglaterra, Gales), Nueva Zelanda, Estados Unidos y Canadá. La separación de activos no facilitaría el objetivo gubernamental de sostener empresas potentes, capaces de competir en un mercado en ebullición.

Limitar capacidad

Otra posible medida para suavizar los efectos del "duopolio" podría ser, según el documento, limitar la capacidad de Endesa y de Iberdrola para construir nuevas instalaciones de generación.

Además de la mencionada recomendación de propiciar el "desgaje" de activos en las grandes compañías, la OCDE considera necesario facilitar el acceso de los potenciales consumidores al gas natural; incrementar los sistemas de interconexión con los países vecinos; aumentar los poderes regulatorios de la CNSE -recuerda al respecto que los recortes de su presupuesto en 1999 han sido considerados como un ataque al organismo-; asegurar que el Ministerio de Industria consulta sus disposiciones con el órgano regulador y explica sus decisiones; diferenciar las tarifas por zonas geográficas y reducir los subsidios al carbón. Con todas las matizaciones y recomendaciones mencionadas, el documento no deja de reconocer que el Gobierno ha recorrido muchos de los pasos necesarios para desarrollar un mercado competitivo.