Los hogares españoles pagan la electricidad a uno de los precios más altos de la OCDE

Los precios de la electricidad para el consumidor doméstico en España se encuentran entre los más elevados de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Según el citado organismo, en España se produce una "distorsión" en los precios. Como consecuencia, los consumidores domésticos financian a las grandes empresas. En su informe, elaborado el pasado mes de octubre, la OCDE advierte sobre la excesiva concentración de la generación eléctrica -Endesa e Iberdrola controlan el 76% del mercado-, que en la práctica constituye un "duopolio".

En un informe reservado de la OCDE, de 44 páginas, se recoge que, si bien los precios globales de la electricidad en España están en la media de los países de la organización, "en contraste, los precios domésticos antes de impuestos están entre los más altos" de los que se registran entre los miembros de la organización (ver cuadro). Sólo los consumidores domésticos de tres países (entre 20 considerados), Japón, Dinamarca y Bélgica, pagan más que los españoles por el consumo eléctrico.El resultado de esta distorsión es que se registran "beneficios para los consumidores industriales que son pagados por los consumidores domésticos". Así, las diferencias, recoge el informe de la OCDE, pueden ir desde las cuatro pesetas por kilowatio que pagan los grandes consumidores de energía, hasta las 20 que pagan los pequeños consumidores.

Los altos precios, según la OCDE, se deben a una larga lista de añadidos a la factura doméstica, que configuran hasta un 16% de la misma y que son las subvenciones al carbón, las compensaciones por la moratoria nuclear, los subsidios al carbón y los denominados costes de transición a la competencia (1,3 billones de pesetas que los usuarios pagarán a las compañías en diez años), entre otros.

Pese a todo, la OCDE reconoce que el Gobierno, especialmente desde 1997, ha adquirido un "fuerte" compromiso con la liberalización del sector y el impulso de una mayor competencia, en un proceso, que califica de "lento" y que mantiene algunas sombras en su desarrollo.

Concentración

Una de dichas sombras, destacada, en opinión de los autores del informe, es la concentración que se observa en la generación de electricidad. Si en 1990, existían en España una docena de compañías dedicadas a producir electricidad, el proceso de toma de control autorizado por el Gobierno desde 1996 -pese a la oposición de la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico (CNSE)- ha dejado a Endesa y a Iberdrola como señoras del 76% del mercado de generación, lo que en la práctica y según la expresión utilizada en el informe, no es ni más ni menos que un "duopolio". A ello se añaden los compromisos que mantienen ambas compañías con los suministradores de gas natural.

En el proceso de concentración ha influido, según los técnicos de la OCDE, el objetivo del Gobierno español de favorecer el poder y la dimensión de las empresas eléctricas nacionales en el mercado europeo. Dicho objetivo, señala el informe, puede ser "contradictorio" con el proceso de liberalización y de mayor competencia en el mercado eléctrico que pregona el Ejecutivo.

Como ejemplo que ilustra la actitud del Ejecutivo, el informe de la OCDE explica que con motivo de la toma de control por parte de Endesa de sus participadas (Fecsa, Sevillana de Electricidad...) en el año 1996, la Comisión Eléctrica advirtió sobre sus posibles consecuencias y recomendó su examen por parte del Tribunal de Defensa de la Competencia. El Gobierno (Industria) autorizó la operación sin atender los consejos del órgano regulador independiente. De éste -como del órgano más global que aglutina la competencias sobre electricidad y mercado de hidrocarburos, la Comisión Nacional de la Energía (CNE)-, el informe destaca que tiene "pocos poderes regulatorios" frente a un Ministerio de Industria que es quien verdaderamente tiene capacidad para regular tarifas y velar por el reparto equitativo de los beneficios de la mayor competencia.

Matizaciones

En general, la OCDE reconoce los esfuerzos que, desde 1994, pero con especial énfasis desde la llegada al Gobierno del PP (Protocolo Eléctrico de 1996, Ley Eléctrica de 1997, Ley de Hidrocarburos...), se están llevando a cabo en España para alentar la competencia y abrir el mercado. Pero introduce importantes matizaciones al examinar lo realmente conseguido en los últimos tres años.

Así por ejemplo, asegura que "aunque la transición hacia una mayor competitividad parece ir bien", el proceso de descenso en los precios se debe, fundamentalmente "al incremento de la demanda, la caída de los tipos de interés y las inversiones [relativamente bajas] efectuadas por las compañías". "Los dos primeros factores" advierte el informe "dependen del ciclo económico y podrían variar en el futuro".

Dadas las competencias del Gobierno en materia de regulación (frente al escaso poder del órgano independiente, la CNSE-CNE), la OCDE recuerda que, el Ministerio de Industria, como regulador, "está en posición de asegurar que el ahorro de costes [que conlleva la liberalización] se reparte entre las compañías [eléctricas], sus empleados y los consumidores". En este punto, recuerda que el periodo de transición a la competencia efectiva en que se encuentra España, tiene como uno de sus fines "asegurar que los consumidores están recibiendo los beneficios de ahorro de costes" en las compañías. La semana pasada, el ministro de Industria, Josep Piqué, se comprometió a recibir a los representantes de la Confederación de Vecinos y Usuarios (CAVE), que pide la devolución de los 387.000 millones de pesetas cobrados ya por las eléctricas en concepto de CTC.