Los insolidarios presupuestos educativos del PP

El progreso económico de una sociedad y la reducción progresiva de sus desigualdades sociales se consiguen en gran medida a través de la educación. Por esta razón, el Partido Socialista siempre ha situado a la educación entre sus principales prioridades de gobierno.El Gobierno conservador de la Generalitat Valenciana, presidido por el señor Zaplana, se permite el lujo de decir que también sitúa la educación entre sus prioridades. Por ello, al presentar el proyecto de Presupuestos para el año 2000 no han dejado de repetir que son unos presupuestos con una clara proyección social como demuestran las partidas dedicadas a sanidad y a educación.

Desde que se presentó el proyecto de Presupuestos han estado apareciendo constantemente cifras que se utilizan, según la lectura que se haga de las mismas, para justificar la bondad de los presupuestos presentados por parte del PP o para denunciar las carencias de los mismos por parte de los partidos de la oposición. Al final la guerra de cifras puede llegar a provocar una gran confusión en la mayoría de la población. Por ese motivo, me quería centrar en este artículo analizando y ejemplificando por qué desde el Grupo Parlamentario Socialista-Progresistas afirmamos que los Presupuestos presentados son claramente insolidarios.

Decía al principio de este artículo que la educación es uno de los instrumentos más importantes para contribuir a la disminución de las desigualdades sociales. Por ello, es cada día más importante el desarrollo de políticas que permitan hacer efectiva la igualdad de oportunidades tanto en el acceso a la educación en las edades más tempranas, Educación Infantil, como en la aplicación de medidas que permitan la atención al alumnado que presenta dificultades asociadas a su pertenencia a las clases sociales más desfavorecidas. De igual forma, en la sociedad actual hay que incrementar la oferta de formación permanente dirigida a las personas adultas, para facilitar su adaptación a las nuevas necesidades de formación que se derivan de los incesantes cambios que tienen lugar en el mundo del trabajo.

Veamos ahora la atención que se ha prestado en el proyecto de Presupuestos a los temas que acabo de señalar:

Educación Infantil. Según los datos publicados por el Ministerio de Educación y Ciencia correspondientes al curso 1997-98, la Comunidad Valenciana ocupa el puesto número 16 (la penúltima de las CCAA) en la tasa neta de escolaridad de 3 a 5 años (relación entre el alumnado matriculado y el total de la población de este grupo de edad). En el mismo informe, se puede comprobar que la situación todavía es más grave en primer ciclo de Educación Infantil (0 a 3 años), ya que a pesar de que la población de la Comunidad Valenciana representa el 10% del total del Estado, la cifra de niños y niñas de estas edades escolarizados (3.658) está en el 5% del total de la población escolarizada de estas edades, frente a comunidades como el País Vasco que, con la mitad de población que la Comunidad Valenciana, tiene escolarizados a más del doble (7.457), por no mencionar el caso de Cataluña que teniendo un 40% más de población que nuestra Comunidad tiene 40.576 niños escolarizados de estas edades, un 1.200 % más.

La población de 0 a 3 años de nuestra Comunidad está en torno a los 120.000 niños y niñas, por lo que según los datos del MEC de 1998 sólo están escolarizados 3 de cada 100. En lo referente a la población escolarizada de 3 a 6 años seguimos sin cumplir el compromiso de la LOGSE de llegar ya a cubrir el 100% de la demanda en el año 2000. Estas claras deficiencias no se solucionan incrementando las ayudas a Ayuntamientos y otras entidades sin ánimo de lucro en 25 millones de pesetas (de 150 a 175 millones), al mismo tiempo que se incrementa en 50 millones (de 885 a 935 millones) las ayudas a los centros privados de Educación Infantil que imparten el segundo ciclo.

La atención a la diversidad del alumnado. La extensión de la edad obligatoria de escolarización hasta los 16 años requiere no sólo construir nuevos centros, sino también dotarlos de los recursos necesarios para poder atender en condiciones al alumnado que escolarizan. Aunque tratar este tema requeriría un nuevo artículo, sólo cabe señalar que:

- No se ha dotado a los centros de Secundaria del profesorado y de los medios necesarios para atender a la diversidad del alumnado, lo que está provocando que no se pueden organizar las actividades de refuerzo necesarias para el alumnado con dificultades, ni realizar la oferta necesaria de los Programas de Diversificación Curricular y de los Programas de Garantía Social.

- En marzo de 1996 se publica el nuevo Real Decreto de Educación Compensatoria y la Comunidad Valenciana vuelve a destacar en este ámbito. Somos en estos momentos la única comunidad autónoma que no ha publicado la normativa necesaria para su desarrollo y por tanto a pesar de la generalización de la enseñanza obligatoria hasta los 16 años no se han incorporado los centros que imparten el segundo ciclo de la ESO al desarrollo de estos programas de compensación educativa.

Para solventar estas alarmantes deficiencias, nos encontramos en el proyecto de Presupuestos con lo siguiente: las ayudas a centros concertados para el desarrollo de proyectos de educación compensatoria suben de 43 a 49 millones (+14%) y el capítulo de gastos de funcionamiento de la Dirección General desde donde se pagan estas ayudas para los centros públicos sube un 5%. ¿Será que a partir del año 2000 los alumnos procedentes de sectores marginados se van a escolarizar en la privada, en lugar de en la pública? Las ayudas para los Programas de Garantía Social pasan de 500 millones a 510 (+2%), de los cuales 382 millones proceden del Fondo Social Europeo que incrementa su aportación un 13% y para compensar la Generalitat disminuye su aportación un 28%. ¿Es ésta la proyección social de los Presupuestos?

La Educación de Personas Adultas (EPA). La Ley de Formación de las Personas Adultas, publicada en enero de 1995 por el último Gobierno socialista de la Generalitat Valenciana establece que se desarrollarán: "Programas que faciliten a las personas adultas la participación y la obtención de titulaciones que posibliten el acceso al mundo del trabajo y a los diferentes niveles educativos...". Cuatro años después el Gobierno del PP de la Generalitat Valenciana sigue sin poner en marcha la ESO para las personas adultas. Al igual que en Educación Infantil y en Educación Compensatoria, la Comunidad Valenciana "destaca" por ser la única comunidad autónoma del Estado español en la que las personas adultas no pueden obtener el título de graduado en Educación Secundaria. Esto es una grave discriminación que sufren los valencianos y las valencianas en un momento en el que las demandas de formación que se están produciendo en el mercado laboral son cada vez mayores, por lo que están en clara desventaja respecto a los ciudadanos de otras comunidades autónomas para acceder a un puesto de trabajo.

De nuevo, la lectura del proyecto de Presupuestos nos indica la nula preocupación del Gobierno del PP respecto a un tema tan importante como éste. La partida de las ayudas destinadas a los ayuntamientos y otras entidades para la Educación de las Personas Adultas (EPA) que fue drásticamente reducida en la anterior Legislatura del PP, sólo se incrementa en 37 millones de pesetas y se incorpora por primera vez entre los objetivos la impartición de los programas previstos en la ley. Con los recursos previstos es absolutamente imposible atender las necesidades mínimas de formación que están demandando los ayuntamientos, muchos de los cuales están dedicando una parte importante de sus presupuestos a cubrir unas necesidades que corresponde atender al Gobierno de la Generalitat Valenciana.

Al analizar en el proyecto de Presupuestos el tratamiento de los diferentes aspectos señalados en este artículo es cuando podemos concluir que: El PP demuestra una vez más que la educación no es su prioridad y por ello ha presentado unos presupuestos que contribuyen a incrementar las desigualdades sociales, pues no cubren las necesidades básicas señaladas anteriormente al mismo tiempo que subvencionan a colegios de élite.

Baltasar Vives es portavoz adjunto y coordinador de Educación del grupo socialista en las Cortes Valencianas.