Paralizada la denuncia contra empresarios por extorsión y chantaje a inmigrantes de Alicante CC OO relaciona a 22 patronos agrícolas con estas supuestas prácticas de explotación

La Fiscalía de Alicante no ha practicado ninguna diligencia sobre la denuncia que el pasado mes de mayo presentó el sindicato CC OO contra 22 empresarios agrícolas por supuestas prácticas de explotación (chantaje, prostitución y estafa) a inmigrantes procedentes de los países del Magreb y del Este de Europa. "Estamos a la espera de que el sindicato nos aporte más pruebas", señala José Antonio Romero, fiscal jefe de Alicante. "No hemos recibido ninguna notificación en este sentido", afirma José De la Casa, secretario general de CC OO de L"Alacantí.

El sindicato CC OO presentó el 31 de mayo la mentada denuncia ante la Fiscalía de Alicante. El informe incluía una lista de 22 empresarios de Orihuela, Elche, Crevillent, Rojales, Almoradí y Monforte, la mayoría de carácter agrícola, presuntamente implicados en una red de explotación de trabajadores inmigrantes.Transcurrido medio año, la Fiscalía ni ha archivado ni ha activado la denuncia. "Cuatro de los casos denunciados ya estaban en manos de otros tantos juzgados, por tanto la Fiscalía no tiene nada que decir", comenta Romero. "Sobre el resto, y en base a los datos aportados es difícil abrir una línea de investigación. De ahí, que estemos a la espera de que CC OO nos remita más documentación para practicar o no diligencias", asegura el fiscal jefe.

El secretario general de CC OO de L"Alacantí indica que desconocía ese requerimiento de la Fiscalía. "No sé si quedamos en que aportásemos más documentos o no, pero en cualquier caso, la Fiscalía no nos ha comunicado nada en ese sentido", afirma José de la Casa. "Entendemos que la Fiscalía dispone de mecanismos para investigar nuestra denuncia, como la policía judicial o los servicios de la Inspección de Trabajo", añade. Para De la Casa, la obligación de la Fiscalía es investigar en busca de pruebas, "Si tuviéramos esas pruebas contundentes acerca de la existencia de estas redes, evidentemente habríamos denunciado el caso en el juzgado", argumenta el sindicalista.

El informe de CC OO recoge que al menos 22 empresas se dedican a la venta de contratos de trabajo a inmigrantes de manera ilegal a cambio del pago de cantidades que oscilan entre las 500.000 y las 800.000 pesetas.

La denuncia del sindicato también destapaba otras prácticas de explotación como el acoso sexual a las mujeres, en muchos casos obligadas a prostituirse. CC OO también ponía en conocimiento de la Fiscalía posibles irregularidades en los consulados de España en Nador y Rabat, al descubrir que muchos de los visados de estos trabajadores extranjeros no cuentan con la resolución favorable del Ministerio de Trabajo.