¿Hospital General de Cataluña, hospital público? FRANCESC MOREU OROBITG
Desgraciadamente la solicitud de quiebra voluntaria presentada por el Hospital General de Cataluña no es más que la crónica de una muerte largamente anunciada.Fruto de una iniciativa más de la sociedad civil catalana en el intento de reafirmar en todos los campos una identidad nacional aletargada durante décadas, fue capaz en un inicio de concitar el interés tanto de los que de esta manera contribuían a hacer patria como de los que desconfiaban de que la sanidad pública en aquellas épocas (la década de los sesenta) fuese realmente una solución a sus problemas.
El hospital que se construyó para materializar aquella idea fue en aquel momento un hospital modélico, realmente avanzado a su tiempo, e incluso hoy, casi tres décadas más tarde, sigue siendo en lo estructural un centro de excelencia.
Otra cosa fue la viabilidad de la aventura, que desde su inicio fue más que dudosa, obligando a continuas huidas hacia delante, muchas de ellas de alto riesgo, por mor de una ingeniería financiera heterodoxa incapaz de apuntalar lo que era inviable desde su concepción.
La suspensión de pagos de 1993, levantada con aparente éxito en 1996, fue un encaje de bolillos de quienes asumieron su gestión en unas condiciones extremas y a los que debe reconocerse un esfuerzo denonado para salvar lo insalvable. La suspensión de 1993 debía en puridad haber sido una quiebra, pero una vez se decidió desde las instancias políticas aguantarlo, debía haberse sido consecuente con la decisión.
El apoyar con dinero público una iniciativa privada fallida sólo tiene sentido cuando se apuesta por su continuidad y se está dispuesto a hacer lo necesario para ello, en función del interés social de lo emprendido.
El empecinamiento de unos por seguir defendiendo lo indefendible no admitiendo el fracaso del proyecto y la dilación de otros en seguir inyectando 1.500 millones anuales -en forma de actividad que no de subvención-, que no conducían a nada sin actuar enérgicamente ante la situación, sólo ha servido para que el pasivo de 12.600 millones se haya convertido en uno de 17.000 millones.
Cuesta de aceptar que sean los ciudadanos los que tengan que pagar el coste del desastre. No es otra cosa la que se pretende. No es a las instituciones públicas a las que se les pide generosidad, se solicita que sean los ciudadanos los que apechuguen con más de 12.000 millones, que son las deudas a la Seguridad Social, a Hacienda y al Instituto Catalán de Finanzas, que es como decir de todos los ciudadanos de este país.
De esta manera, saneada la empresa, sí se espera encontrar compradores que adquirirán a precio de ganga un bien que, se quiera o no, ya es público, en función de todo lo anterior.
La solución del Hospital General de Cataluña en términos realistas pasa por el sector público. Su rol debe ser el del hospital terciario del Vallès, que evite a los ciudadanos de estas comarcas del centro de Cataluña el tener que cruzar Collserola para recibir atención de alta tecnología en Barcelona. Un centro gestionado mediante alianzas por las instituciones que hoy operan en este territorio sin que esta operación deba costar una peseta más al Servicio Catalán de la Salud. Para ello deberán cerrar en Barcelona ciudad los contratos que sirven para atender a los pacientes que en el futuro lo serían en este centro.
No implicaría ello el abandono de la atención a los mutualistas de la entidad de previsión que cobija a los antiguos socios del Hospital General de Cataluña, que podrían seguir siendo atendidos en las mismas condiciones en el nuevo Hospital General del Vallès, que aunaría la actividad pública con la privada.
Cualquier otra solución que cargase los costes sobre los ciudadanos, dando los beneficios a unos pocos, no se entendería. Ni desde el sector sanitario, por el agravio que significaría para los centros públicos con pasivos de composiciones similares, ni por supuesto por parte de quienes sin comerlo ni beberlo se convertirían en paganos a la fuerza del fiasco.
