La defensa de Pinochet alega que Garzón le persigue por sus ideas y no por torturas cometidas en Chile

La defensa británica del general Pinochet pedirá hoy al Alto Tribunal de Justicia dos meses de plazo para reunir pruebas a fin de poder exponer sus alegaciones políticas y jurídicas en una vista de siete u ocho días a fin de lograr la anulación de la sentencia de extradición del ex dictador a España dictada el pasado 8 de octubre. El esquema de alegaciones elaborado sostiene que el juez Baltasar Garzón "pretende perseguir a Pinochet por tortura", pero en realidad lo hace "por sus opiniones políticas".El Alto Tribunal de Justicia convocó para esta mañana una audiencia preparatoria para decidir las fechas en que tendrá lugar la vista del recurso de habeas corpus de la defensa de Pinochet a la sentencia de extradición. Dicho recurso ha paralizado el procedimiento por el cual el ministro del Interior británico, Jack Straw, debía decidir si se dan o no las condiciones, en un margen amplio de discrecionalidad, para entregar a Pinochet a las autoridades españolas.

Garzón ha nombrado peritos para testimoniar en Londres sobre el derecho español a José Manuel Gómez Benítez, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Carlos III de Madrid, y a Mercedes García Arán, catedrática de Derecho Penal de la Autónoma de Barcelona. Los dos contrarrestarán los informes de los abogados de la defensa de Pinochet, Javier Iglesias Redondo y Alfonso Serrano.

Hasta ahora la defensa británica del ex dictador había anunciado la presentación del recurso sin especificar las bases. En las últimas horas, el equipo que dirige el abogado Michael Caplan, de la firma Kingsley&Napley, ha elaborado su esquema de recurso que desarrollará hoy en el Alto Tribunal.

La defensa invoca las bases para revisar el caso en una vista que, según estima, debería extenderse a lo largo de siete u ocho días: la vigencia de la inmunidad de Pinochet frente a los 34 nuevos casos admitidos por el juez Ronald Bartle a petición del juez Garzón; la mecánica para aceptar esos 34 casos infringe el Convenio Europeo de Extradición; la ley española no castiga el delito de tortura con 12 meses o más de prisión; no existen víctimas españolas entre los casos alegados a partir del 8 de diciembre de 1988.

La defensa insiste en que España carece de jurisdicción para enjuiciar los delitos de tortura cometidos en otros países, en este caso Chile, y que el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial invocada para ejercer la extraterritorialidad no es suficiente para enjuiciar los delitos de tortura a la luz de la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas de 1984.

Según los abogados, pues, Pinochet debería quedar libre por ser "injusta o cruel" su entrega a las autoridades españolas por varias razones: "a)por el paso del tiempo y/o porque la acusación contra él no se ha realizado de buena fe en interés de la justicia; b)porque el juez español pretende perseguirle por tortura, pero en realidad lo hace por sus opiniones políticas; c)porque su entrega no le permitirá tener acceso a un juicio justo o porque quedará privado de su libertad por sus opiniones políticas".

Entre las consideraciones no planteadas hasta ahora y que pretenden fundar los ataques al sistema judicial español figura la de que el juez Garzón denegó la petición de la defensa española de Pinochet de su personación (designar letrados) en la causa que se instruye en Madrid, aspecto que, según los abogados ingleses, debe ser tenido en cuenta.

Plazo de la vista

La defensa británica propone un plazo dilatado para celebrar la vista de siete u ocho días (es incluso más amplio que el juicio de extradición de octubre pasado), ya que, afirma, necesita ocho semanas para reunir pruebas en España y en Chile. Estos plazos, habida cuenta de que el material debe ser traducido y la otra parte, la Fiscalía de la Corona (en representación de España), debe tener tiempo para formular su respuesta, llevaría a celebrar la vista no antes de mayo próximo. La defensa británica no ve, pues, en la salud de Pinochet problemas para plazos tan largos. La Fiscalía británica difícilmente aceptará un calendario tan lejano. Fuentes jurídicas consultadas en Londres estiman que esto implica, de hecho, que la gran expectativa no está depositada en el Alto Tribunal de Justicia, sino en los exámenes médicos de Pinochet ordenados por el ministro Straw a petición de Chile.