En boca cerrada entran moscas

No podrá quejarse el Gobierno de la Generalitat -ni se queja, que yo sepa- del tratamiento prudente que los medios de comunicación le han otorgado al asunto del Ivex, quiero decir, al escamoteo o fundición de más de mil millones de pesetas en avales a unas pintorescas empresas que habrían de promover -digámoslo así- el comercio con Túnez. No hubo tal comercio y, además, el cuervo del frac, o sea, las entidades bancarias, se proponen legítimamente ejecutar los avales que se suscribieron sin el preceptivo conocimiento del consejo de administración del referido instituto exportador.Desde que el problema estalló a finales de septiembre, por lo que se dice, los responsables de esta parcela de la Administración, y por supuesto el alto staff de Presidencia, han tratado de solventarlo sin que trascendiese a la opinión pública y, sobre todo, sin que se trocase en un escándalo. Lo primero era muy difícil de evitar y, bien fuera por buen juicio o por temor a que les estallase en los medios informativos, el Gobierno optó por proceder a un desvelamiento controlado del conflicto. La directora del ente que hoy se cuestiona, Carmen de Miguel, afrontó la papeleta de "cantar la gallina" y ponernos al corriente del entuerto. Tampoco podía demorarse mucho más el envite, siendo así que los acreedores llamaban a la puerta.

La comparecencia propició que el escándalo temido se aplazase y, además, nos puso al corriente de las generales del caso. En el carcaj quedaron preguntas y sombras que requieren las pertinentes aclaraciones. Sobre todo queda por saber dónde está el dinero y cómo se endosan las responsabilidades, pues ha de haberlas. José María Tabares, el director del ente en las fechas de autos, podría habernos ilustrado, despejando las incógnitas. Pero el caballero se escuda en su condición de querellado y ha preferido dar la callada por respuesta, no bien haber declarado que él no se ha llevado un duro. Con lo que seguimos a oscuras en punto al destino y beneficiarios posibles de tan millonaria cifra, así como de las lagunas burocráticas que amparan estos desaguisados.

Hoy es el día en que todo el enredo puede esclarecerse. El presidente Eduardo Zaplana comparece en la sesión de control de las Cortes Valencianas sin otro cometido más apremiante que el de contarnos fil per randa todo cuanto del mismo sabe. Subrayemos que se nos antoja una decisión sensata, pues postergarla y guarnecerse en el mutismo no contribuía más que a llenarse la boca de moscas, por cerrada que la tuviere, y abonar sospechas que únicamente podrían favorecer a la oposición y a la confusión del vecindario. Resulta obvio que para desarmar las conjeturas y salir airoso, el molt honorable deberá soslayar las vaguedades y persuadirnos de que no escamotea información. Mil kilos es mucha pasta.

Sin prejuzgar el qué pueda aflorar esta dación de cuentas y el eventual debate sobre el episodio, creemos que la oportunidad autoriza a cuestionar la función del instituto exportador, de cuya vida y milagros no siempre se decantan buenas noticias. La naturaleza de nuestra economía exige su contribución, pero siempre y cuando sea un instrumento afinado, al servicio de todos los empresarios y a salvo de embrollos como el que nos ocupa y nos tiene todavía estupefactos. El presidente tiene la palabra.