UGT acusa a la Junta de impedir que los interinos se conviertan en funcionarios

El sindicato UGT ha acusado a la Junta de "incumplir" el acuerdo sobre estabilidad en la Función Pública, que preveía convertir en funcionarios de pleno derecho a 3.200 interinos y garantizar el empleo a los más de 300 laborales eventuales de la Administración autónoma. El texto, rubricado el pasado 27 de julio entre la Consejería de Gobernación y los sindicatos UGT, CC OO y CSIF, aún no ha podido ser aplicado, ya que, según la representación ugetista, la Junta pretende modificar lo pactado y todavía no se han resuelto ninguna de las medidas reflejadas en dicho acuerdo, que debería ser ejecutado antes del 31 de diciembre. Esto afectaría por igual a interinos, laborales y funcionarios.El sindicato UGT teme que el acuerdo para normalizar y dar estabilidad a los empleados de la Junta quede finalmente "en papel mojado". Para la representante ugetista, Pilar Marín, existe "un incumplimiento patente y no hay una voluntad verdadera, por parte de la Consejería de Gobernación, para llevar a efecto" dicho pacto. Éste, anunciado a bombo y platillo por la titular de Gobernación, Carmen Hermosín, como la formula para entrar "en una fase de normalización" de la Función Pública, establecía para los interinos, colectivo que lleva trabajando una media de 10 años, un baremo donde se regulaba la valoración del trabajo desarrollado en forma diferente a la de los funcionarios de carrera, con el fin de garantizar los derechos de estos últimos.

Los interinos puntuarían por la experiencia adquirida en los puestos de trabajo que hubiesen desempeñado con anterioridad, al igual que también serían contabilizados los cursos de formación , las titulaciones académicas y la superación de pruebas selectivas. Aunque la Junta modificó el decreto 151 para dar cobertura legal a este acceso a la Función Pública, a través de un concurso de méritos y oposiciones, tal y como establece la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado de 1999, ahora el problema radica, según UGT, en que se pretende modificar los criterios de las puntuaciones del concurso de méritos por la presión que estaría realizando a Gobernación el sindicato CSIF. Esta organización ya recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía la convocatoria de oposiciones para cubrir 3.080 plazas, resultando dicha vía anulada.

En relación al personal laboral eventual, Pilar Marín entiende que la Junta pretende ahora rebajar sus propuestas y "va en contra del derecho" de un colectivo de más de 300 personas que "aún no ha tenido la oportunidad de acceder a una verdadera promoción". Para este colectivo, el acuerdo establecía la creación de una bolsa de trabajo complementaria donde serían adscritos aquellos que vieran finalizados sus contratos.

Los funcionarios también se podrían ver afectados, según UGT. Éstos verían que la modificación del decreto 151, por el que se regula el baremo para los concursos de promociones de funcionarios de carrera, "no atiende verdaderamente a sus intereses". Marín añadió que "se dejan sin regular cuestiones tan importantes como la baremación de los distintos cursos que hasta ahora se vienen haciendo de forma arbitraria y discrecional".

Reducción de jornada

El acuerdo del 27 de julio se basó en el pacto alcanzado el pasado mes de febrero entre Junta y sindicatos para aplicar la reducción de la jornada laboral a los 41.000 trabajadores de la Administración autónoma, y vino precedido del compromiso adquirido por el presidente de la Junta, Manuel Chaves, de solventar el problema de los interinos, que protagonizaron múltiples protestas.

Ahora, UGT cuestiona la conveniencia de crear empleos a través de recortar la jornada de los trabajadores públicos. "Si te saltas arreglar situaciones anómalas, irregulares, existentes en la Función Pública andaluza y, por otro lado, están en una situación de extraordinaria inestabilidad del personal, no estamos solucionando nada", subrayó Pilar Marín.