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El clamor y los silencios

PEDRO UGARTE

ETA ha decidido obsequiarnos con las navidades más tristes de los últimos decenios. Tras el anuncio de la quiebra de la tregua, al menos hay un punto de consenso general: la culpa de toda la violencia que se genere a partir de ahora corresponde a ETA, sólo a ETA. Un atento seguimiento de las declaraciones políticas y sociales producidas en los últimos días lleva a esa constatación. Siempre hay algo a lo que agarrarse (ese vago consenso en el diagnóstico) incluso cuando la esperanza se ha perdido. Nos habíamos permitido vivir los últimos meses "como si ETA no existiera". De pronto, la realidad vuelve a teñirse de negro. No hace falta esperar nuevos atentados para que el desánimo haya prendido, a pesar de animosas declaraciones en contrario.

La esperanza se ha perdido, pero quizás esa aseveración no es del todo cierta. Nos habíamos acostumbrado a vivir con la esperanza y hábitos tan saludables son difíciles de extirpar. Esto se puede parecer a una prolongada sequía: ETA anuncia nuevos y largos meses bajo un sol de justicia, y nosotros nos veremos obligados a cavar aún más hondo, en busca de esperanzas, seguros de que el pozo discurre en estratos cada vez más profundos.

Si va a haber alguna diferencia sustancial entre el antes y el después de la tregua será precisamente eso. La sociedad vasca se ha acostumbrado a decir no. Nadie volverá a acoger con indiferencia un solo atentado. Hay que esperar nuevas mareas de movilización popular, porque eso es lo único que está en manos de la gente, de la honrada ciudadanía que había conseguido vivir en unas nuevas condiciones de normalidad política y social.

La culpa de esta ruptura sigue siendo sólo de ETA, y no se puede interpretar de otra manera desde quienes, por principio, descalificamos la violencia como medio de actuación política. En estas circunstancias, los análisis que propicien el interés partidario son gratuitos. Si la movilización popular se pretende que sea multitudinaria, como supo serlo en los días de Ermua, habrá que esperar también por parte de los partidos políticos el más exquisito respeto a ese carácter social y unánime del clamor popular.

No tendría sentido repetir la indigna utilización política que se produjo de la movilización ciudadana que siguió al secuestro y al brutal asesinato de Miguel Ángel Blanco, ni confundir el clamor condenatorio en contra de ETA con el incondicional apoyo a la política del Ministerio del Interior. El intento de patrimonializar políticamente los sentimientos populares produce malas vibraciones y es preciso, también en este punto, recordar los errores del pasado. La trayectoria de ETA, pero también la propia maduración democrática de nuestra sociedad, permiten garantizar que la gente, las personas, tienen muy clara la calificación ética y política que les merece una organización terrorista que carga a sus espaldas asesinatos, secuestros y extorsión. Y la sociedad vasca tiene el derecho de contestarla sin intermediaciones políticas, con la misma naturalidad con que supo hacerlo antes de la tregua: con civilizada contundencia, con altura moral, con absoluta concordancia entre vascos de conciencia nacional vasca y vascos de conciencia nacional española.

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Los ciudadanos y ciudadanas de este país, hartos de sangre y de violencia, dieron en fechas no muy lejanas una respuesta formidable, y todos estaríamos dispuestos a darla de nuevo. Para eso es necesario por parte de los partidos una especial modestia en esos momentos concretos, singulares, en que la voz corresponde a la sociedad y no a los servicios de prensa, ni a las ejecutivas, ni a los dirigentes de las formaciones políticas. Estaría bien que extrajéramos de nuestra historia reciente algunas enseñanzas: entre otras, la certidumbre de que a veces la palabra corresponde al pueblo, a la gente que se echa a la calle, y que en esas contadas ocasiones un modesto silencio es el mejor tributo que pueden ofrecer los partidos políticos al pueblo por el que trabajan.

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