Torras pide que se impute a un empresario que cobró de De la Rosa en Suiza

Los abogados del Grupo Torras han pedido a la juez Teresa Palacios, que instruye la reclamación penal de esa empresa contra sus ex gestores, que impute al empresario leonés Antonio Fernández Díez, por colaboración en un delito continuado de apropiación indebida y/o estafa. Fernández Díez, que en 1991 recibió en Suiza 4,5 millones de dólares por orden de Javier de la Rosa, declara hoy como testigo ante la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios. Además de Fernández también está llamado a declarar el ex directivo del Sindibank Andrés Fraile, quien presuntamente intervino en la operación, recibiendo en España el dinero entregado a Fernández en Suiza.Fernández Díez era, en 1991, momento en el que se produjeron los ingresos en sus cuentas suizas, militante del PP, según fuentes de ese mismo partido en León. Oficialmente, sin embargo, el partido ha negado cualquier vinculación con él.

A pesar de ello, varias fuentes, entre ellas la esposa del ex consejero de Economía de la Junta de Castilla y León Miguel Pérez Villar, han asegurado que Fernández tenía estrechas relaciones con el actual presidente de la Xunta de Galicia y presidente de honor del PP, Manuel Fraga, y con el ex presidente de la Junta y actual presidente del Gobierno y del PP, José María Aznar. Según esos testimonios, Fraga acudía regularmente a las cacerías celebradas en la finca propiedad del empresario leonés, mientras que Aznar almorzaba a menudo con él en su despacho de la presidencia de la Junta de Castilla y León.

En 1997, Javier de la Rosa vinculó esos pagos a la cuenta de Fernández Díez en el Chase Manhattan de Ginebra con la financiación al PP. En esa misma fecha, el financiero reveló que el intermediario utilizado en la operación era precisamente el ex directivo de Sindibank Andrés Fraile, citado a declarar hoy.

Fernández Díez ha sido citado a petición del fiscal del caso, Salvador Viada. Éste planteó que, debido al tiempo transcurrido desde que tuvieron lugar los hechos, Fernández fuera citado como testigo al haber prescrito el delito fiscal. Según Torras, el delito continuado de apropiación indebida prescribe a los diez años.

Demanda civil

Desde el punto de vista civil, sin embargo, la situación es diferente. Según fuentes próximas al equipo legal del Grupo Torras, de cuya caja salió el dinero que fue a parar a las cuentas de Fernández Díez, además de la imputación penal que ahora ha solicitado, también ve posible reclamar la devolución de esos ingresos, además de los intereses correspondientes durante el tiempo transcurrido desde 1991. De hecho, Torras ya utlizó esta vía civil en su reclamación en Londres.