MÁLAGA El absentismo escolar no ha mejorado

En los dos últimos años, la Fiscalía de Menores de Málaga ha instruido casi el mismo número de diligencias informativas por absentismo escolar: 65 y 66 casos respectivamente. Este fenómeno, que afecta sobre todo a chicos entre los 11 y los 15 años, procedentes de barriadas marginales, no mejora a corto plazo. Y, contra lo que pudieran hacer pensar estos datos, no es un problema minoritario. Porque no todos los menores absentistas de la provincia pasan por la Fiscalía.El proceso es largo y se inicia en los colegios. Según la norma de la Consejería de Educación, cuando un alumno falta a clase de forma injustificada más de tres días al mes, se trata de un caso de absentismo. Se notifica a los trabajadores sociales, que contactan con la familia para preguntarles las causas de la ausencia de sus hijos, y para recordarles que los niños tienen derecho a la educación.

Si la situación no cambia, se envía una carta a la familia recordándoles sus obligaciones; y si reinciden de nuevo, el caso pasa a la Fiscalía, que convoca a los padres a una reunión y les apercibe de que son los representantes legales de sus hijos, de que están contraviniendo el Código Penal, y de que se enfrentan a la posibilidad de que se les retire la custodia del niño.

Disuasión

En realidad, esto sucede en muy contadas ocasiones; según fuentes de la Fiscalía, en menos del 1% de los casos. Sí se ha producido alguna vez un arresto domiciliario de los padres de los menores absentistas. En cualquier caso, estas advertencias tienen un efecto disuasorio y suelen surtir efecto.

Pero la eficacia de estas medidas depende en gran parte de las razones que motivan el absentismo. Puede tratarse de una crisis familiar: una enfermedad, una separación o cualquier acontecimiento grave que deje a los niños desatendidos.

Sin embargo, lo más común es que se trate de una cuestión estructural y continuada; que los padres, viviendo en situaciones de precariedad o miseria, y carentes de estudios, no den demasiada importancia a la educación reglada, y que tengan costumbres difíciles de concertar con la vida escolar. La Fiscalía, antes de intervenir, suele mandar un oficio a los Servicios Sociales para que se haga un informe sociofamiliar del caso en cuestión.