El sistema universitario catalán MIQUEL CAMINAL / RAMON PLANDIURA

Es necesario un debate abierto y democrático sobre cuál es el modelo de Universidad que quiere Cataluña, después de 20 años desde la aprobación del Estatuto de Autonomía y 16 de la Ley de Reforma Universitaria (LRU). Las universidades se han multiplicado con notable insconsciencia por parte de los poderes públicos, pero falta una ley de autonomía universitaria que corrija las deficiencias de la LRU y establezca las bases de una ordenación racional y equilibrada del nuevo mapa universitario.Se ha producido un cambio de vértigo en los números. Hay más universidades, más estudiantes, más edificios, más titulaciones, más investigación, pero ¿hay más calidad? Las estadísticas, que los gobiernos siempre citan para quedar bien, dicen que Cataluña ha pasado en 13 años de 3 a 11 universidades, de 110.000 estudiantes a casi 200.000, de 130 centros universitarios a 360, de 69 a 134 titulaciones distintas (Joan Albaigés, marzo de 1999) . Todos quieren más: los departamentos, las escuelas universitarias y las facultades presionan a sus rectores, éstos trasladan las demandas a la Generalitat y ésta hace de repartidora, aunque más a favor de unos que de otros. Detrás de los números está una realidad universitaria que cambió para bien en muchos aspectos en los años ochenta, pero que ha vuelto a unas inercias del pasado y que está entrando en un estado de profunda somnolencia.

Demasiado reglamentismo. Y demasiados gerentes, vicegerentes, directores de cualquier cosa, asesores y adjuntos a las figuras anteriormente mencionadas. Sobra burocratismo y se nota a faltar una Administración eficaz y eficiente. Hay un exceso de puestos de mando y faltan puestos de trabajo, sea en la administración de los departamentos o en las secretarías de las facultades o escuelas. Demasiado corporativismo del profesorado, que concibe los planes de estudios más como medio para ampliar o consolidar plantillas que en función de intereses del alumnado y de la sociedad. Demasiadas asignaturas y exámenes que condenan a los estudiantes a una loca carrera de apuntes, fotocopias de los apuntes, succión memorística de contenidos abaratados y ningún minuto de reposo para leer un libro como se debe. Demasiados estudiantes que pueden terminar una licenciatura o diplomatura jactándose de no haber leído un libro completo en toda la carrera. Demasiados paper presentados por los profesores en los cada vez más numerosos congresos en una competición desenfrenada para publicar mal y no para investigar bien. Demasiados profesores que saltan de un cargo académico a otro, y que constituyen una auténtica clase política universitaria. En fin, esto no va como debería.

Es verdad que no se puede generalizar y que las universidades más grandes son más propensas a padecer este tipo de problemas. También es cierto que en cada universidad hay mundos muy distintos, pero no creemos que ninguna pueda decir que no está afectada en un grado u otro por las afirmaciones del párrafo precedente. Es necesario en Cataluña un sistema universitario integrado con una planificación de las titulaciones necesarias; una política de orientación universitaria que permita a los alumnos preuniversitarios tener una información más precisa de cuáles son los estudios universitarios ofertados, sus contenidos, su reconocimiento, sus eventuales salidas profesionales; una cooperación interuniversitaria en la organización de doctorados, líneas de investigación y cursos de posgrado; mayor decisión en las políticas de control de la calidad de la actividad docente e investigadora; una reflexión permanente y colectiva sobre los posibles escenarios en los que habrá de actuar la Universidad del 2000.

Estos son los nuevos-viejos temas nunca resueltos, empezando por la siempre olvidada docencia. ¿Quién incentiva la docencia de calidad? ¿Los actuales concursos que nunca la valoran? ¿La Generalitat o el Ministerio de Educación y Cultura que sólo incentivan (y mal) la investigación? Se está imponiendo en la práctica un modelo universitario up-down: una Universidad pública que se privatiza por arriba y se empobrece por abajo. Cada vez son más las estructuras creadas por arriba, con cúspides informales e influyentes en estrecha relación y connivencia con el sector privado. Ciertamente que Universidad y sociedad deben extremar su relación y, para ello, buscar las fórmulas más idóneas posibles, en el bien entendido que mercado y sociedad son dos conceptos distintos que no debieran confundirse. Esto es especialmente relevante en la concepción, composición y funciones de los consejos sociales. Porque alguien debe poner coto a la posibilidad de una desviación endogámica y corporativista de una Universidad demasiado ensimismada, pero también alguien debe asegurar que la Universidad se mantiene al servicio de los intereses generales de la sociedad y no queda sometida a la lógica de poderes privados que gobiernan el mercado. Hoy se está imponiendo, con mayor o menor intensidad, un modelo en que funciones esenciales de la Universidad, como la formación continua, la enseñanza no presencial o la propia investigación, se transfieren a nuevas entidades jurídicas cada vez más alejadas de la matriz universitaria y de su tutela pública y social. Los consejos sociales, con presidentes nombrados a dedo por razones antes políticas que universitarias, tienen su buena parte de responsabilidad en este proceso.

¿Se ha meditado serenamente si esta fuga hacia zonas más opacas es la solución a los males de la Universidad? Se ha pensado en qué medida pueden verse afectadas partes esenciales de la autonomía universitaria y de las libertades docentes e investigadoras? ¿Hacia dónde se desplaza el poder y con qué efectos? Antes de quedar a merced de cuatro tecnócratas sería bueno que la comunidad universitaria despertara de su profundo sueño y volviera a tomar la palabra. Un congreso universitario podría ser una vía adecuada para promover este debate abierto a todos sobre el sistema universitario catalán.

Miquel Caminal es profesor de Ciencia Política de la Universidad de Barcelona (UB). Ramon Plandiura es miembro del Consejo Social de la UB.