El capital mundial no puede gobernar la humanidad
La novedad de este último cuarto de siglo ha sido la formación de un capital mundial. Compuesto por unas 60.000 empresas multinacionales, está "dominado" por un centenar de megaempresas mundiales de las que más de 50, junto a los Estados, entre las 100 primeras potencias económicas del mundo. El conjunto de estas empresas representa dos tercios del comercio mundial, un tercio del cual está constituido por el comercio entre las sociedades de una misma empresa multinacional y el otro tercio por el comercio entre las empresas. Recordemos también que el comercio entre las tres regiones más ricas del mundo (América del Norte, Europa occidental y el sureste de Asia) representa más del 80% del comercio mundial, lo que hace que éste se haya convertido sobre todo en un asunto de las empresas de los países más desarrollados. Claro está que el capital mundial no es homogéneo. Está atravesado por fuertes diferencias de situación e intereses opuestos entre países (por ejemplo: EE UU frente a la UE), entre sectores (telecomunicaciones frente a industria de los ordenadores), entre empresas (Boeing frente a Airbus). Son de esperar grandes "disputas" en el transcurso de las "negociaciones del milenio" en Seattle. Pero sabemos que la multitud de actores y la diversidad de intereses no impide a los sujetos del capital mundial adherirse a los mismos principios de fondo y perseguir los mismos objetivos generales.Efectivamente, las "negociaciones del milenio" constituyen una etapa importante en la definición y la puesta en marcha por el capital mundial de reglas y de dispositivos relativos al gobierno de la mundialización de la economía de acuerdo con sus intereses, cuya libertad de comercio es una componente esencial.
En la lógica del capital mundial, las nuevas negociaciones deben permitir la eliminación de todas las barreras al comercio de bienes, de servicios (incluidos los ámbitos de la educación y de la salud en el marco del GATS -Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios-), así como el refuerzo y la extensión de derechos de propiedad intelectual (en el marco del acuerdo de los TRIPS -Trade Related Intellectual Property Rights-). La libertad de comercio debe primar sobre cualquier otra regulación que, por razones sociales, medioambientales, económicas, culturales, ponga límites al comercio. Si esta regla de la primacía de la norma comercial venciera, aunque fuese particular y sectorialmente, el capital mundial tendría el poder de jugar con la soberanía de los Estados en materia de seguridad alimentaria, de política medioambiental, de derechos sociales, de política educativa... Si el acuerdo de los TRIPS se confirmara y se ampliara, se habría dado al capital mundial la posibilidad de proseguir de forma legal su adquisición de la propiedad de todos los recursos materiales e inmateriales, incluido el capital humano.
Los defensores de la OMC y de "las negociaciones del milenio" replican que, de todos modos, el comercio es per se fuente de crecimiento económico y que cuanto más libre sea el comercio, mayor será el bienestar de todos. Esto es una mistificación manifiesta. Estudios empíricos más rigurosos demuestran que no hay ninguna relación evidente de causa-efecto entre comercio y desarrollo económico. Además, en el curso de los veinte últimos años, marcados por una fuerte aceleración y expansión del comercio mundial, las desigualdades económicas y sociales entre países y entre los grupos sociales en el seno de los países han vuelto a aumentar de forma considerable.
Ello no impide, se afirma, que las reglas definidas en la OMC sean ejemplo vivo de una verdadera democracia internacional porque de ella forman parte todos los países del mundo desarrollado y no desarrollado y las decisiones se toman por consenso. Además, la solución de los conflictos se basa en un dispositivo (el panel de expertos independientes) que quiere ser "técnico" por encima de los intereses partidistas de los Estados miembros. Aquí también se trata de pura mistificación. Sabemos muy bien que las reglas de la OMC se proponen, discuten y aprueban primero en el grupo de los cuatro llamado QUAD (Canadá, EE UU, UE, Japón), cuyos Gobiernos son objeto de continuas y enormes presiones por parte de los grandes grupos multinacionales, bien por separado bien organizados en estructuras como la TABD (Transatlantic Business Dialogue). Ahora bien, ¿qué resistencia pueden ofrecer los demás países, y sobre todo los países subdesarrollados, con pesadas deudas y por lo tanto, presa fácil de amenazas y represalias y de presiones procedentes de los Gobiernos del "Norte" y del capital mundial? ¿Cómo considerar expresión de la democracia las decisiones -sin posibilidad de apelación- tomadas por un panel de expertos (en general, asesores privados) tras unos debates a puerta cerrada entre los representantes de las partes en causa? En realidad, con el Órgano de Resolución de las Desavenencias (ORD), el capital mundial se ha otorgado un poder jurídico y ejecutivo de peso, único, sobre el conjunto de las instituciones internacionales encargadas al gobierno de los asuntos mundiales.
No se puede permitir que el Orden Mundial para el Comercio barra con tanta facilidad los derechos económicos, sociales, políticos y humanos que con tanto esfuerzo se han conquistado y promovido en el curso de los dos últimos siglos.
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