CiU da marcha atrás y acuerda con el PP modificar la Ley de Extranjería

Convergència i Unió está dispuesta a modificar algunos artículos de la nueva Ley de Extranjería, aprobada anteayer por el Congreso, en materia administrativa. Especialmente los que se refieren a la regularización de los inmigrantes y la obtención de visados. Pero no renunciará a la extensión de la cobertura sanitaria y escolar a las personas que hayan llegado a España de forma irregular. Mientras, el presidente del Gobierno cree que plantear la discusión de la ley "sobre la base de supuestos debates entre progres" es ridículo.

La coalición nacionalista ha negociado con el Partido Popular (PP) la mitad del articulado de la ley. Ambas formaciones políticas están buscando fórmulas mixtas para la modificación de la norma en el Senado y trabajan en la legislación francesa como base del nuevo articulado. Aunque la ley pasará esta semana al Senado, serán el vicepresidente del Gobierno, Francisco Álvarez Cascos, el portavoz del PP en el Congreso, Luis de Grandes, y su homólogo del Grupo Catalán, Josep López de Lerma, quienes llevarán el grueso de las negociaciones.Mientras, el presidente del Gobierno, José María Aznar, reclamó ayer de todos los grupos parlamentarios que actúen bajo el "principio de la responsabilidad" y opinó que el debate sobre la nueva ley no puede hacerse apelando al progresismo: "Es de las cosas más ridículas que puede haber en la vida política".

Aunque los conservadores no tendrán redactadas, hasta finales de la próxima semana, la treintena de enmiendas que quieren presentar en el Senado, los siguientes puntos son los que pretenden modificar y que ya han negociado o pactado con los nacionalistas catalanes:

Regularización de extranjeros. La Ley establece que podrán obtener la residencia temporal los que acrediten una estancia ininterrumpida de dos años en España, figuren empadronados en un municipio y cuenten con medios económicos para subsistir. El PP teme que su aprobación implique el efecto llamada y quiere ampliar este periodo a cinco años. CiU ha propuesto incluir como requisito que el inmigrante haya obtenido algún permiso de residencia en regla o que haya entrado en España legalmente. Además, está dispuesta a negociar la ampliación a cinco años para aprobar la regularización. Si no hay acuerdo, el Gobierno ha amenazado con suprimir el artículo.

Expedición de visados. Éste es otro escollo entre el Gobierno y la oposición. La norma aprobada por el Congreso estipula que las embajadas y consulados deberán motivar la denegación de visados y abre la puerta a la interposición de recursos judiciales. El PP ha alertado sobre el colapso que pueden sufrir unos juzgados que ya están sobrecargados. Los nacionalistas catalanes y el Gobierno han pactado la modificación de este artículo, por lo que los consulados no tendrán que razonar el rechazo de visados, salvo en casos especiales. El modelo acordado es el francés, lo que implica que se podrá denegar la entrada a España a un extranjero sencillamente por "seguridad" y así figurará con una cruz en la casilla correspondiente. El PP pretendía que la denegación fuera discrecional.

La fórmula de la casilla es un simple apaño para no contravenir la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y la de Procedimiento Administrativo, que obliga a motivar las resoluciones "discrecionales".

CiU quiere incluir algunas excepciones en caso de reagrupamiento familiar, extremo al que no se oponen los conservadores.

Derechos sociales. Para CiU este punto es innegociable. La nueva ley proporciona a todos los extranjeros "inscritos en el padrón del municipio (...) la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles". El PP quiere limitar a los inmigrantes legales el acceso a la cobertura sanitaria, escolar y jurídica y desatender a todas aquellas personas que hayan entrado en España de manera irregular.

Los nacionalistas están dispuestos a que se proporcione la asistencia jurídica gratuita, pero sólo en el ámbito del territorio español. CiU y PP han pactado reformar "con matices", según los nacionalistas, la equiparación de "los derechos y libertades" entre españoles y extranjeros, limitándolo a los legales. En cambio, CiU cree innegociable retocar o suprimir los derechos de libertad de reunión, manifestación y asociación.

En cuanto a las ayudas en materia de vivienda, la ley amplía su concesión a todos los inmigrantes empadronados. El PP apuesta por suprimir el artículo o enmendarlo. CiU está de acuerdo en reducir el derecho a los inmigrantes legales o que las administraciones competentes (comunidades autónomas o ayuntamientos ) regulen el acceso o los mecanismos para la obtención de las ayudas. Los conservadores se oponen a este punto.

Reagrupamiento familiar. Tanto CiU como PP creen que la actual legislación no soluciona el problema de los matrimonios de conveniencia, ya que los inmigrantes separados o divorciados mantienen el permiso de residencia en España. Las dos formaciones políticas han consensuado que los extranjeros conserven el permiso de residencia siempre que los cónyuges hayan convivido dos años, por regla general, o seis meses en casos excepcionales, pero justificando el motivo.