Empleados del asilo donde un anciano mató a otro denunciaron deficiencias

Seis meses antes de que el sábado pasado falleciera un anciano a manos de otro en la residencia de ancianos Mondúber de Orihuela, el comité de empresa denunció, entre otras carencias, la escasez de trabajadores en el centro a la Consejería de Bienestar Social. Otro geriátrico, la residencia ilegal de Formentera de Segura en la que, según los inspectores, murieron 25 ancianos en 16 meses, será objeto de investigación judicial. La Fiscalía abrirá diligencias contra los propietarios del asilo.

El comité de empresa de la residencia pública Mondúber de Orihuela (Alicante) -que gestiona Clínicas Geriátricas el Castillo, SA- remitió el pasado mayo una extensa denuncia a la Consejería de Bienestar Social en la que se hacían constar múltiples irregularidades en el funcionamiento del geriátrico en el que falleció un anciano el pasado sábado. El escrito recoge el incumplimiento repetido en el número de personal exigido. Mientras el contrato establece que un ATS, tres auxiliares de clínica, un ayudante de servicio y un subalterno hagan guardia cada noche, en la madrugada en la que murió el anciano de 77 años -a manos de su compañero de habitación, de 62 años, que sufría de esquizofrenia- sólo había dos auxiliares y un ATS para atender a los 110 residentes -la mitad de los cuales presentan demencia senil-. Los trabajadores denunciaron que no ha entrado en vigor el convenio colectivo laboral para las empresas que gestionan residencias públicas mediante adjudicación. También destacan la "falta de asepsia" en las zonas de alimentación. La falta de empleados provoca que sea el mismo personal "el que atiende el aseo y las curas de los residentes para, a continucación, manipular alimentos". El diputado socialista Antonio Torres, instó ayer a la Consejería de Bienestar Social a estudiar el caso y subrayó el hecho de que las irregularidades se localicen en un centro público. Además, advirtió de la posibilidad de reclamar parte de los ingresos recibidos por la empresa de la Consejería de Bienestar Social.

Por otra parte, el fiscal jefe de la Audiencia de Alicante, José Antonio Romero, anunció ayer que el ministerio público abrirá diligencias investigadoras contra los propietarios de la residencia Levante, en Formentera del Segura (Vega Baja), un geriátrico ilegal en el que, según un informe de la inspección de Bienestar Social, murieron sólo en un año 25 ancianos de los 35 que ingresaron en dicha residencia. El fiscal matizó que la apertura de diligencias no se produciría en el caso de que los juzgados de Orihuela hayan recibido alguna denuncia por este caso o hayan actuado de oficio. Romero ha encargado al fiscal coordinador de Orihuela que rastree los juzgados de la capital de la Vega Baja por si ya hay una investigación en marcha sobre este caso. De ser así, la Fiscalía dejaría de actuar y enviaría el expediente a Orihuela. El ministerio público ha exculpado de responsabilidad, tras recibir los informes de la Administración sobre el caso y después de ser examinados por el fiscal, a la Consejería de Bienestar Social por los hechos denunciados en Formentera.