Cierran filas

PARECÍA QUE el Gobierno era sensible al escándalo social provocado por las stock options de Telefónica y que estaba dispuesto a distanciarse del plan creado por Villalonga. Aunque sólo fuera por el desgaste electoral que puede ocasionarle tamaña exhibición de impudor retributivo: 38.000 millones a repartir entre 100 ejecutivos de Telefónica. Algunos pensaban que el núcleo duro de la sociedad acusaba las críticas y estaba dispuesto a introducir correcciones. El propio Villalonga había manifestado su disposición a congelar el plan a la espera de informes externos e incluso a extender cinco años más el compromiso de permanencia de los beneficiarios. Estas expectativas quedaron desvanecidas el miércoles. Por un lado, el consejo de la compañía, en el que participan de forma destacada BBV, Argentaria y La Caixa, respaldó por unanimidad los términos del plan que había aprobado tres años atrás y lo calificó como "adecuado y necesario". Unas horas antes, el portavoz del Gobierno anticipaba la misma conclusión en la televisión que controla Telefónica. El vicepresidente Rodrigo Rato culminaba la faena por la tarde sumándose en el Congreso a la teoría, tan querida de Villalonga, de que ésta es una operación montada por los enemigos de éste, tanto da que sean políticos o mediáticos, según convenga.La intervención de Rato rememoró en algunos momentos el discurso del otro vicepresidente del Gobierno. Esta regresión quedó formulada crudamente en la dialéctica amigo-enemigo. Por si se trataba de un fallo de memoria en medio del fragor parlamentario, cabe recordar que en este escándalo han terciado de forma hipercrítica hacia el plan de Villalonga los profesores Fuentes Quintana y Barea, varios obispos, representantes de la patronal, medios afines al Gobierno y políticos aliados y opositores del PP. Una coalición demasiado heterogénea para resolverla en términos simplistas.

La jornada parlamentaria reafirmó que este Gobierno se resiste a asumir el principio elemental de que en un sistema democrático el Gobierno está obligado a rendir cuentas de sus actos al Parlamento sin que valga el recurso de remontarse perpetuamente a los errores del pasado que los votantes ya sancionaron en las urnas enviando a los socialistas a la oposición. La obligación del vicepresidente Rato es responder a las preguntas que le plantean los partidos; los contribuyentes no le pagan para que haga juicios de intenciones sobre las preocupaciones de la oposición, ni para eludir las respuestas con ironías más bien groseras. Los ciudadanos siguen sin saber qué papel desempeñó el delegado del Gobierno en Telefónica sobre el plan de retribuciones de sus directivos; Rato no se dignó contestar.

El apoyo unánime del consejo es otra invitación al pesimismo. Poca resistencia cabía esperar de los nueve consejeros mal llamados independientes, que en realidad deben su nombramiento al presidente de la compañía; pero los representantes del núcleo duro tenían la oportunidad al menos de introducir mecanismos de transparencia ante los accionistas, los trabajadores y los usuarios. Codo con codo, Rato en el Parlamento, Piqué en la televisión de Telefónica y el consejo en su sede central, han cerrado filas detrás de Villalonga. Cuánto apoyo para impedir que se sepa quiénes son los agraciados con el plan y las cantidades que recibirá cada uno, incluido el propio Villalonga. Pero este cerrojazo invalida, por ejemplo, la alusión del comunicado del consejo a sus competidoras. No hay nada que corregir; tampoco nada sobre lo que informar.