La Generalitat deberá pagar 3.600 millones de deuda del Hospital General

La Generalitat está obligada a asumir una parte de la deuda contraída por el Hospital General de Cataluña tras la quiebra voluntaria de esta empresa. El Gobierno autónomo avaló 3.600 millones de pesetas con cargo al Presupuesto de la Generalitat y confió la gestión de este pasivo al Instituto Catalán de Finanzas (ICF). Este organismo negoció con tres bancos la concesión de líneas de crédito por el mismo importe al Hospital General, cuya devolución no ha sido satisfecha por la empresa en los plazos convenidos.

El último aval concedido al Hospital General de Cataluña con cargo al presupuesto se efectuó en 1996. La Generalitat dio entonces un servicio financiero "a operaciones de crédito concertadas por el Hospital General de Cataluña, ampliando en 1.600 millones de pesetas el riesgo máximo", según figura en el título quinto de la ley 5/93 de los Presupuestos de la Generalitat de aquel año. Estos 1.600 millones se sumaron a otros 2.000 millones concedidos en 1993 y reflejados en la Ley de Presupuestos correspondiente al ejercicio. Ambos avales suman 3.600 millones y están respaldados por el presupuesto del Gobierno catalán, tal como señala el Diario Oficial de la Generalitat (DOG) del 2 de julio de 1993 -en el caso del primer aval- y del 31 de julio de 1996 -para la segunda línea de riesgo.

El ICF gestionó estos avales, pero no analizó las operaciones ni exigió garantías de ningún tipo al Hospital General de Cataluña, "ya que la garantía ejecutable en caso de incumplimiento por parte de la empesa beneficiaria corresponde al presupuesto", señalaron a este diario medios directivos del ICF.

Aunque, normalmente, los avales y créditos concedidos por el ICF vienen respaldados por garantías, el instituto financiero de la Generalitat también gestiona otro tipo de operaciones en las que, como en el caso del Hospital General, la instancia pública sólo aparece como mero intermediario. Una de estas operaciones, la más emblemática de las que ha respaldado directamente la misma Generalitat, fue la concesión de un aval de 6.000 millones a la empresa automovilística Seat, filial española del consorcio alemán Volkswagen. Sin embargo, mientras la operación del Hospital General sólo ha servido para incrementar los pasivos de la empresa hospitalaria, "el aval de Seat está siendo cancelado conforme a los tramos establecidos en el crédito en el momento de su formalización", según informan medios financieros.

Utilizando como garantía el aval público del ICF, el Hospital General ha solicitado en los últimos cinco años varios créditos por el mismo importe de los avales -es decir, 3.600 millones- con tres bancos: el BBV-Argentaria, el BSCH y el antiguo Midland Bank, que recientemente ha pasado a estar bajo el control de un grupo financiero multinacional de origen coreano.

Los cargos ejecutivos de estas entidades se pusieron ayer en contacto con los representantes legales del Hospital General de Cataluña para pactar con la empresa la firma de un documento de reconocimiento de la deuda y su forma de pago. Paralelamente, también ayer, la quiebra del hospital fue admitida a trámite por un juzgado de Rubí.

La empresa gestora y propietaria del Hospital General, que preside Pere Narbona, ha presentado al juzgado tres propuestas alternativas que deberá estudiar el interventor judicial de la quiebra. Las dos primeras propuestas combinan la posibilidad de que la empresa facilite, por una parte, la entrada en su capital a un acreedor que capitalizaría parte de la deuda -transformando deuda en capital-, y por otra, este acreedor dispondría de un derecho preferente para adquirir el edificio del Hospital General, situado en Sant Cugat, junto a la B-30, y valorado en unos 30.000 millones de pesetas a precios de mercado, explicó Narbona. La tercera opción, presentada ante el juzgado por los gestores del Hospital General, consiste en realizar una quita o condonación del 85% de la deuda total de la empresa, cifrada en 17.039 millones de pesetas.

La posición de Narbona se inclina por las dos primeras posibilidades, ya que la tercera -la quita descomunal del 85%-, que el presidente del grupo hospitalario afirmó que tenía "la obligación formal de plantear", es, reconoció, "una opción prácticamente inaceptable". En cualquier caso, la propuesta de capitalizar la deuda tampoco parece viable, ya que el principal acreedor es la Administración del Estado -Hacienda (4.500 millones) y la Seguridad Social (3.900 millones)- y no es posible que se convierta en gestor.