La cooperación con Guinea se reanuda con sigilo tras seis años de suspensión
Las rupturas son ruidosas; los reencuentros, discretos. El Gobierno español decidió el mes pasado reanudar la cooperación con Guinea Ecuatorial, interrumpida hace casi seis años, pero lo hizo con sigilo. Esta cautela ha desatado las críticas de la oposición guineana y de los sindicatos y partidos de izquierda españoles, que sospechan que el nuevo convenio "no exige contrapartidas democráticas" a cambio de la reanudación de la ayuda.
Senen Florensa, el director general de Cooperación con los países en desarrollo, firmó el 26 de octubre en Malabo, al término de la Comisión mixta bilateral -la primera desde 1991-, un convenio con el secretario general del Ministerio de Asuntos Exteriores ecuatoguineano, Carlos Ntutumo.El acuerdo levanta, de hecho, una sanción impuesta al régimen de Teodoro Obiang por el Gobierno socialista tras varias provocaciones ecuatoguineanas que culminaron con la expulsión, en diciembre de 1993, del entonces cónsul de España en Bata, Diego Sánchez Bustamante.
Se replicó entonces a la expulsión suprimiendo cualquier programa de asistencia a organismos oficiales de Guinea Ecuatorial, incluidos los Ministerios de Educación y Sanidad. Prácticamente, sólo se mantuvo una ayuda, que ronda ahora los 1.500 millones de pesetas anuales, a las actividades en la antigua colonia de la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza y a la de los Religiosos Sanitarios.
El Ministerio de Asuntos Exteriores no dio en octubre publicidad a la firma y tampoco ha querido divulgar el texto del nuevo convenio, que durará hasta el 2002, aunque la Oficina de Información Diplomática (OID) sí ha explicado a este periódico, tras varios días de espera, la filosofía del documento que restablece, por ejemplo, una asistencia técnica a Guinea Ecuatorial para modernizar su Administración.
Dolores Martín Villalba, coordinadora de la cooperación, fue algo más explícita en una entrevista con la revista hispanoguineana El Patio, en la que anunció que se llevarán a cabo nuevos proyectos agrícolas, formación de personal técnico y apoyo a la recién creada universidad local.
"El convenio se negoció en secreto y lo sigue siendo", se lamenta Adolfo Fernández Marugán, el secretario general de la Asociación de Solidaridad Democrática con Guinea Ecuatorial (Asodegue). "Sospecho que no está acorde con los requisítos democráticos que impone, por ejemplo, la Unión Europea cuando redacta los acuerdos de Lomé".
A la hora de firmar "el Gobierno español ha mirado para otro lado ante las reiteradas violaciones de los derechos del pueblo guineano llevadas a cabo por la dictadura", señala un comunicado suscrito por Asodegue, el PSOE, Izquierda Unida y los sindicatos Comisiones Obreras y UGT.
El programa de cooperación se irá desarrollando, según se indica en la OID, en la medida en que se produzcan avances en el proceso de democratización y de derechos humanos.
El secretario de Estado de Cooperación, Fernando Villalonga, no mencionó, sin embargo, que se incluyese en el convenio ninguna cláusula democrática cuando intervino el 19 de octubre ante la Comisión de Cooperación del Congreso de los Diputados.
Menos dureza
Los gobiernos socialistas es esforzaron, hasta finales de 1993, por fomentar una cierta democratización de la ex colonia española pero sólo cosecharon disgustos. Entonces, se quejaba Obiang en una entrevista, en septiembre, con la agencia Efe, España "fue mucho más dura con Guinea" delo que lo es ahora. El Ejecutivo popular optó por abstenerse de tomar iniciativas hasta que decidió ahora reactivar la cooperación.Villalonga justificó la necesidad de rubricar "un convenio, no para que vaya el dinero a las oligarquías, sino simplemente para dar cobertura jurídica a la cooperación en estos momentos en el sector sanitario y en el sector educativo y que tiene muchos cooperantes detrás".
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