Los socialistas pedirán al Gobierno catalán que reclame la anulación de la prolongación de los peajes de las autopistas

Los socialistas han decidido llevar al Parlament la discusión sobre los peajes de las autopistas, al amparo del dictamen emitido por el catedrático de Derecho Administrativo Francisco Sosa Wagner. En sus informes jurídicos, este autor afirma que la prolongación de las concesiones pactadas por el Gobierno central a cambio de rebajas de los peajes es ilegal; asimismo, considera injusto y no conforme a derecho que el Gobierno catalán cobre un porcentaje de los excedentes de beneficio de las empresas.Los socialistas creen que el dictamen da pie al Gobierno catalán para poner en marcha los mecanismos que lleven a anular la prolongación de las concesiones, en el primer caso, y a destinar a mayores rebajas los posibles excedentes de beneficio.

En este sentido, el Grupo Socialista presentará diversas iniciativas parlamentarias con el común denominador de afirmar que la actuación del Gobierno catalán en este sentido redundaría en beneficio del conjunto de los ciudadanos de Cataluña.

El Gobierno catalán, por su parte, declinó ayer referirse al contenido de los dictámenes de Sosa Wagner aduciendo que únicamente sabía de ellos lo publicado por EL PAÍS (véase la edición de ayer). También Fomento prefirió no hacer comentarios. Asimismo, ACESA rechazó hablar de un informe que, aseguró su portavoz, no conocía.

El Ayuntamiento de Barcelona, institución que encargó los estudios jurídicos, explicó que los está analizando para decidir las acciones oportunas.

No ha sido ésta la reacción de los firmantes de la Declaración de Gelida, diversas entidades que promueven la gratuidad de los peajes en Cataluña. Un representante de esta plataforma destacó que parte de la argumentación de los textos del jurista coincide con la que ha servido de base al movimiento ciudadano que ha logrado importantes rebajas de peajes en los últimos meses.

Sosa Wagner ha emitido dos dictámenes y en ambos casos utiliza la figura del "enriquecimiento injusto" para explicar los motivos que hubieran podido llevar a los Gobiernos central y autónomo a aplicar otras medidas. En su opinión, de la misma manera que el Estado asume indemnizar a las concesionarias en caso de que las condiciones varíen radicalmente y la explotación resulte ruinosa, tiene derecho a modificar las condiciones si, en lugar de arruinarse, la compañía gana dinero en exceso. Entre otras medidas correctoras, el Gobierno suscribió el seguro de cambio, que le hizo pagar la diferencia de precio con las divisas en las que las concesionarias se endeudaban.