Perote y sus papeles

La Sala de lo Penal del Supremo rechazó anteayer por unanimidad la exposición motivada elevada por el juez Garzón al alto tribunal para que sus magistrados se pronunciasen sobre la implicación de Felipe González en "la trama delictiva" puesta en marcha entre julio y septiembre de 1983 "desde el seno de las instituciones del Estado" para atentar en el País Vasco francés contra miembros de ETA. Al amparo de las siglas de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), se perpetraron entre septiembre de 1983 y julio de 1987 veintisiete asesinatos, numerosos atentados y varios secuestros; el sumario 17/95, que motivó la consulta, trata de descubrir a los autores de las muertes violentas de Ramón Oñederra, Ángel Gurmindo, Vicente Perurena y Christian Olazkoaga, causadas entre diciembre de 1983 y noviembre de 1984.La consulta de Garzón al Supremo versaba sobre las responsabilidades penales exigibles al entonces presidente del Gobierno por los hechos investigados en ese sumario. Sea cual sea la verdad histórica acerca del nacimiento de los GAL y la participación o el encubrimiento de algunos gobernantes socialistas en sus crímenes, se halla fuera de duda que Felipe González ha terminado por asumir las responsabilidades políticas de los casos de guerra sucia y de corrupción producidos bajo su mandato: así lo acredita su doble renuncia a la secretaria general del PSOE y a continuar encabezando las listas electorales socialistas. Pero la tribu político-mediática dedicada con saña a la caza y captura de quien fue a lo largo de casi catorce años presidente del Gobierno no se conforma con la retirada de Felipe González a un segundo plano de la vida pública sino que busca su completo ostracismo político y su encarcelamiento; se comprende, así, que el diario El Mundo expresara ayer su airada decepción tanto por la respuesta negativa del Supemo a la consulta de Garzón como por la rapidez de una decisión que ha impedido el alargamiento durante "unas cuantas semanas" de la cacerolada contra el PSOE emprendida por los medios televisivos, radiofónicos y periodísticos controlados por el Gobierno y por Telefónica.

Sin embargo, una institución tan poco sospechosa de benevolencia con los crímenes de los GAL y de simpatía hacia los socialistas como es la Fiscalía de la Audiencia Nacional comandada por Fungariño ya había dictaminado previamente la inexistencia de "indicios de criminalidad en los que formular formalmente la imputación al presidente del Gobierno". El Supremo se limitó anteayer a disipar las dudas -reales o retóricas- del juez Garzón sobre la eventual fuerza incriminatoria contra Felipe González de los documentos protegidos por la ley de secretos oficiales desclasificados en abril de 1997: los impropiamente denominados papeles del Cesid fueron redactados, sustraídos y difundidos por el coronel Juan Alberto Perote, nombrado en 1982 jefe de la Agrupación Operativa de Medios Especiales del centro y expulsado de sus filas en 1991. En unas pestilente memorias, depositadas en una letrina editorial con apariencia de libro y destinadas al tiempo a mostrar y a ocultar su pasado, este desleal militar confiesa cómo robó de los archivos del Cesid "las notas mas delicadas" de "algunos originales escritos por mí" en función de "la trascendencia de tipo jurídico o penal que pudieran tener": unos documentos "que redacté yo, y sólo yo, para despachar con Manglano" durante las sesiones de trabajo remunerado celebradas "durante mis años de servicio".

Perote también cuenta su visita a Adolfo Suárez -con Pedro J. Ramírez de mamporrero- a fin de hacerle oír una grabación secreta del Cesid, así como sus posteriores encuentros con Mario Conde para establecer una estrategia conjunta de chantaje contra las instituciones del Estado: "El ex presidente de Banesto era algo más que un accionista minoritario de El Mundo: si lograba que el diario de Pedro J. arreciase en su campaña del GAL contra mis antiguos compañeros de la lucha antiterrorista, podríamos entrar en simbiosis". El ex uniformado vendedor, sin embargo, transmite al ex banquero perista algunas dudas sobre la eficacia jurídico-penal de la mercancía extorsionadora: "Si te refieres a si son pruebas ante un juez, no creo que puedan adquirir tal categoría: en definitiva son borradores de escritos que hice o copias de informes que elaboré". ¿A quién puede extrañar, entonces, que el Supremo tenga la misma opinión que el autor de los papeles de Perote respecto a su nula capacidad para incriminar a Felipe González como responsable máximo de los GAL?