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Educación rebaja su pretensión inicial de que los profesores de Secundaria supiesen más euskera

El Departamento de Educación ha rebajado su pretensión inicial de elevar la exigencia de euskaldunización del profesorado de Secundaria. El Gobierno ha elaborado un proyecto de decreto de perfiles lingüísticos que permitirá repartir prácticamente al 50% las 6.172 plazas definitivas del próximo curso 2000-2001 en Secundaria entre los profesores con PL 1 (que sólo faculta para dar clases en castellano) y con PL 2 (para profesores capacitados para impartir clases de euskera o en castellano). El primer borrador, presentado a mediados de este mes, era más exigente.

El Gobierno y los sindicatos se han enfrascado en una dura batalla en las últimas semanas para fijar los criterios de la futura relación de puestos de trabajo (RPT), documento que determinará las plantillas de Secundaria (de 12 a 16 años) para el próximo curso. Uno de los pilares de la RPT es el decreto de perfiles, que especifica el nivel de euskera que debe tener el titular de cada uno de los 6.172 destinos definitivos.Hasta ahora, los perfiles lingüísticos estaban definidos en un decreto de 1993, pero según Educación la implantación de la reforma educativa (tres años después del decreto) y la consiguiente reordenación de centros docentes públicos origina nuevas necesidades que no se recogían en la distribución de perfiles de 1993.

En su primer documento la consejería dejaba en manos de los centros la libertad para establecer los perfiles lingüísticos en el modelo B (bilingüe) en función de su proyecto curricular y abría la posibilidad a que, por ejemplo, profesores que enseñan una asignatura en modelo A (euskera con el castellano como asignatura) y les sobran horas completen su horario dando la misma materia en el modelo B, con lo que su plaza pasa de tener PL 1 a PL 2.

Reacciones discrepantes

CCOO, mayoritario en la enseñanza no universitaria con un 33%, inicialmente denostó el nuevo proyecto de borrador, pero la intensa discusión con el departamento ha permitido acercar posturas. Así, Javier Nogales, su representante en la mesa de negociación, mostró su satisfacción porque "la determinación del idioma en el que se imparten cada una de las asignaturas de los grupos del modelo B será competencia de la Administración, teniendo en cuenta las características del profesorado afectado directamente así como la globalidad del profesorado de dicha especialidad. Tenemos la garantía del departamento de que el proceso de euskaldunización no quedará en manos de cada centro".

Además, antes de convertir una plaza de PL1 en PL 2 la Administración tendra que tener en cuenta a los profesores. "Hay que adjudicar los perfiles en función de la situación personal de cada docente. Para dar lengua castellana o idioma extranjero lo importante es que el profesor sea competente en esas materias, no es preciso que disponga del PL 2. Para evitar ese tipo de perversiones se han introducido algunas cautelas", enfatizó el sindicalista Nogales.

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Mucho más contundente en sus críticas hacia el nuevo borrador fue el PSE. La portavoz socialista para temas educativos en el Parlamento vasco, Isabel Celaá, considera que se ha roto el consenso lingüístico alcanzado en 1993 por todos los agentes educativos y los partidos que entonces gobernaban, el PNV y el PSE, y que se plasmó en el Pacto Escolar. "Ese acuerdo pacificó el sector educativo y estableció los cauces de la nomalización lingüística. El marco temporal del anterior decreto era de diez años, por lo que vence en el 2003. Ahora se ha hecho una modificación sin tener en cuenta a uno de los partidos que lo suscribió", se lamentó.

Según Celaá, "el proceso de euskaldunización de los centros es importante, pero con los ritmos que se quieren imponer se va a inhabilitar para la docencia a profesores con muchos años de servicio que se esfuerzan por euskaldunizarse".

Para el sindicato STEE-EILAS, el segundo en representatividad del sector, el decreto supone una regresión porque reduce el nivel de exigencia de euskera. Su representante Amaia Etxebarria exige que todo el profesorado de los modelos B y D sea bilingüe. "El decreto permite que los profesores de lengua castellana o idioma extranjero que imparten en modelo B tengan el PL1, con lo que no pueden comunicarse en euskera con sus alumnos y condicionan la vida del centro cuando terminan la clase. No es bueno para los docentes ni para el sistema".

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