CiU cree que los ataques del Gobierno a la Ley de Extranjería alientan el racismo

Carles Campuzano, ponente de Convergència i Unió (CiU) en la elaboración de la nueva Ley de Extranjería, criticó ayer duramente las descalificaciones que varios ministros han lanzado sobre el texto en los últimos días. Para Campuzano, declaraciones como las del titular de Interior, Jaime Mayor Oreja, quien hablaba del coladero que podría significar la norma, "sólo sirven para fomentar el miedo sobre el fenómeno de la inmigración y alientan el discurso de la extrema derecha xenófoba, por suerte minoritaria". Por ello pidió "silencio".

Tras una semana de tensión en la que, sobre todo el titular de Interior, con el apoyo explícito del presidente, José María Aznar, se ha dedicado a descalificar la ley y a exigir que se modifiquen aspectos fundamentales, las posiciones están cada vez más enfrentadas entre el Ejecutivo y sus socios nacionalistas catalanes. CiU, según Campuzano, se ha visto "sorprendida" por la virulencia de los ataques del Gobierno contra una ley consensuada hasta el último detalle con el Grupo Popular. Ahora llega una semana clave. El jueves se votará la ley en el Congreso, donde recibirá previsiblemente el apoyo unánime de todos los grupos. Después viajará al Senado, donde se espera que el Gobierno introduzca, a través del Grupo Popular, varias modificaciones.Campuzano pidió ayer a todos los ministros que mantengan silencio durante los próximos días para "no entorpecer el necesario debate parlamentario". En CiU están dispuestos a debatir con serenidad los puntos mejorables de la nueva normativa sobre inmigración. Lo primero será una relectura del proyecto para comprobar si, tal como asegura el Gobierno, es contrario a los acuerdos de Tampere, algo que en CiU ven muy improbable.

Los dirigentes de la coalición nacionalista están convencidos de que si Mayor Oreja no hubiera hecho públicas sus críticas con tanta crudeza, se podría haber negociado "con calma" sobre los aspectos de la norma a los que el Ministerio de Interior ha puesto mayores objeciones. Pero lo más grave para Campuzano no es ese entorpecimiento del debate parlamentario, sino la vía elegida por Mayor Oreja para criticar el proyecto. La idea del coladero de inmigrantes en el que se convertiría España si se aprueba la norma, utilizada por el ministro, además de ser falsa, abona, según Campuzano, el terreno para los colectivos de extrema derecha más intransigentes con el fenómeno de la inmigración, al facilitarles los argumentos.

En la misma línea que CiU, SOS Racismo también auguró ayer que las declaraciones del Gobierno pueden provocar más brotes racistas, ya que "favorecen que se cree un caldo de cultivo que legitima reacciones sociales como las del barrio de Ca N" Anglada, en Terrassa".

Esta organización hizo hincapié en las afirmaciones del portavoz del Ejecutivo, Josep Piqué, en las que decía que no se puede realizar "una ley más progresista porque esto sería aumentar el racismo social". Rosa Vives, portavoz de la asociación , calificó esta frase como "una bomba de relojería de efectos inmediatos, ya que si continuamente en las declaraciones del Gobierno se insiste en que la inmigración es negativa, ésta será la visión que tendrá toda la sociedad".

También el PSOE criticó el "escaso interés" que parece demostrar el Gobierno para sacar adelante la ley. Carmen Cerdeira, secretaria socialista de movimientos sociales, aseguró que las presiones del Gobierno a CiU para cambiar la ley eran "un secreto a voces", y que demuestran que el Ejecutivo pretende que la norma quede tal como está desde 1985. Todo ello, según Cerdeira, pone de manifiesto la "falta de sensibilidad del Gobierno en política migratoria".

"Aznar terminará la legislatura como la empezó. Comenzó drogando a 103 inmigrantes en Melilla y ahora termina intentando drogarnos a todos los parlamentarios para que no se apruebe la Ley de Extranjería", llegó a decir Cerdeira.

El PP niega haber presionado

Mientras, el PP niega que esté presionando a CiU para cambiar la Ley de Extranjería, tal y como aseguran en la coalición nacionalista. Javier Arenas, secretario general de este partido, desmintió estas acusaciones y aseguró que lo único que se pretende es "buscar, a través del consenso parlamentario, la mejor ley para el futuro".Uno de los temas que más preocupan al Gobierno con respecto a la nueva norma es, según fuentes del Ejecutivo citadas por Europa Press, la repercusión que podría tener en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Es allí donde se concentran una parte importante de los inmigrantes que entran en España de manera irregular. Según el Ejecutivo, la nueva norma provocaría una mayor afluencia de ellos y podría acarrear conflictos sociales en estas dos ciudades. Esta preocupación aparece reflejada en los informes con los que están trabajando los ministerios más implicados por la reforma.