Primeros juzgados en España sólo para malos tratos

A estas fechas del año, en torno a una treintena de españolas han muerto víctimas de la violencia doméstica. El 25 de noviembre se celebra el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. En España, la última y tímida iniciativa para paliar este problema ha surgido del Consejo General del Poder Judicial. El pasado mes de octubre aprobó, con carácter experimental, dedicar uno de los siete juzgados de Elche (Alicante) sólo a procesos relacionados con la violencia doméstica. Jueces de Murcia y País Vasco ya han mostrado interés por esta iniciativa, que se pondrá en marcha en enero del 2000.

La especialización del juzgado no es la panacea. Carlos Mahón, el magistrado que asumirá esta responsabilidad en Elche, no quedará exento de trabajar en otro tipo de denuncias, aunque sus compañeros sí que han acordado liberarle de realizar exhortos o investigar querellas.Es más, Mahón, en recientes declaraciones, ha reconocido la imposibilidad de detener este fenómeno desde un juzgado. Eso sí, cree que su labor puede servir para mitigar el problema. "Todas las personas deben ver que en las sentencias se aplica un mismo criterio para los casos de violencia doméstica y no puede haber decisiones distintas, que es lo que pasa cuando hay varios juzgados viendo los casos".

Un proyecto similar ya se puso en marcha hace un año por decisión del fiscal general del Estado, Jesús Cardenal. Mediante una circular se instaba a todas las fiscalías a que nombraran a un fiscal que entendiera todos los casos de violencia doméstica.

Gabriel Bernal es el fiscal encargado del servicio de violencia familiar en Asturias. Él centraliza todas las denuncias de este tipo con un doble objetivo: tener una estadística fiable sobre la materia y concentrar todas las denuncias de manera que lo que para un juzgado puede ser una simple falta, su reiteración la convierta en delito.

Bernal admite que la circular dejó una "laguna" en su mandato puesto que "no dio instrumentos para la creación del registro", lo que implica que cada región lo haga "a su manera". Por ello, la Fiscalía General estudia implantar un modelo único informatizado. Pese a ello Bernal cree que el registro es un avance porque muestra mejor la gravedad del problema, aunque "nosotros, como fiscales, sólo constatamos su existencia y aplicar las penas adecuadas".

Al fiscal encargado del servicio de violencia familiar en Asturias no le extrañaría nada que en la próxima memoria de la Fiscalía General del Estado, en el apartado sobre estos delitos figuren datos muy diferentes a memorias anteriores. La razón es que la centralización de las causas hará que aumente el número de casos de violencia doméstica. Hasta ahora muchas denuncias no pasaban del umbral de la falta. "Al tener un registro de todo lo concerniente a la violencia doméstica esta fiscalía conoce las reiteraciones, y éstas se convierten en delito cuando son continuadas", dice Bernal.

Esta iniciativa va pareja con el dato alentador del incremento de denuncias: un 10,4% más en 1998 y en lo que va de año 12.638, sin contar Cataluña y País Vasco, controlados por sus respectivas policía autonómicas.

Para la directora del Instituto de la Mujer estos datos revelan que "las mujeres están perdiendo el miedo". Pero esa valentía no se traduce en un aumento del sentimiento de protección. Sólo 216 policías integran los servicios de atención a la mujer de la policía (32% mujeres) y 56 guardias civiles (sólo un hombre entre ellos) realizan labores similares. En total, 272 agentes, que deben lidiar con más de 450 denuncias semanales.

Por eso, en algunas ciudades recomiendas a las víctimas "cargar" con un teléfono móvil. Y en Girona, el Instituto Catalán de la Mujer, en colaboración con los Mossos d"Esquadra, ha colocado a cuatro víctimas de malos tratos una pulsera con un transmisor que las conecta de forma directa con una comisaría. La experiencia, todavía en fase experimental y limitada a las cuatro paredes de la casa de la víctima, será evaluada en diciembre.

Mientras tanto, unas 2.100 mujeres tienen o están a punto de obtener el carné que les acredita ante la policía como mediadoras sociales. Su misión: informar a las víctimas sobre los recursos que tienen a su disposición o, simplemente, acompañarles al juzgado.