Un tercio de las residencias privadas de ancianos funciona sin autorización

Un total 64 de las 191 residencias de la tercera edad privadas de Comunidad están abiertas sin contar con autorización oficial, según datos facilitados ayer por la presidenta de Asociación de Empresarios de Residencias de la Tercera Edad (AERTE), Brigitte Boghemans. "Ello no quiere decir que estos centros sean ilegales, pero sí que están pendientes obtener el permiso de Bienestar Social", dijo Boghemans, quien reclamó a la Consejería que amplie sus plantillas de inspectores para acelerar los permisos o clausurar los que considere deficientes.

Boghemans indicó que AERTE, que se creó en 1987, integra en la actualidad al 85% de las residencias de la Comunidad Valenciana, es decir 120 centros. Aparte de los asilos abiertos y que al mismo tiempo están tramitando los permisos oficiales, Boghemans indicó que en la Comunidad existen al menos 1.500 plazas en diversas residencias de ancianos completamente clandestinas. Entre los afiliados a AERTE está el asilo Levante, de la localidad de Formentera del Segura, donde el pasado año fallecieron 25 de los 35 ancianos acogidos. La presidenta de AERTE subrayó que, aunque la asociación no tiene competencias de inspección, cuando un empresario decide afiliarse realizamos una revisión del centro para determinar si reúne o no las mínimas condiciones. "Cuando la residencia Levante decidió integrarse, salvo algunas deficiencias arquitectónicas, sí reunía esas condiciones", dijo. "Si posteriormente, se produjeron deficiencias en el apartado sanitario, será una responsabilidad, si la hubiere, del médico", explicó. La presidenta de AERTE declinó pronunciarse sobre si en la mentada residencia se han producido irregularidades que pudieran derivar en responsabilidades penales. "Eso tendrá que decirlo el fiscal, y en principio ya ha dicho que no aprecia delito", dijo más adelante.

Boghemans insistió en que una de las claves de la actual indefinición del sector privado de residencias es la falta de inspectores de la Consejería de Bienestar Social para visitar todos estos centros y conceder o no los permisos. "Con el actual número de inspectores ( seis) es prácticamente imposible atender todas las peticiones de apertura", subrayó. "Confíamos en que la consejera cumpla con el compromiso adquirido en las Cortes, se cubran las vacantes y se aumente la plantilla hasta los 16 inspectores, según se recoge en la ley ", añadió.

La presidenta de AERTE indicó que en los últimos cuatro años, cuando la asociación ha tenido una actividad plena, ha presentado una veintena denuncias a la Administración sobre otras tantas residencias que, a su juicio, carecían de las mínimas condiciones para acoger ancianos. "Los resultados de esas denuncias han sido que la mitad de los centros cuestionados fueron clausurados", comentó.

Médico y ATS

Boghemans anunció que la asociación ha acordado proponer a la Consejería de Bienestar Social que introduzca a partir del próximo año la obligatoriedad de un médico y un auxiliar de enfermería propio en todos los centros que reciban subvenciones públicas a través del sistema del cheque-residencia. "Consideramos que de esta forma estaría mejor garantizado el apartado de asistencia médica en las residencias". "La propuesta es una iniciativa de la asociación, porque entre nuestros objetivos, está mejorar la calidad del servicio que prestamos, y en principio ha sido bien recibida por la Consejería", añadió.

Por último, Boghemans aseguró que la polémica suscitada en los últimos días sobre las presuntas irregularidades en el funcionamiento de las residencias privadas de la Comunidad está afectando negativamente al sector. "Es evidente que en los últimos días estamos en el ojo del huracán", aseveró. "Pero hay que tener en cuenta que no sólo es un problema de los empresarios, sino de toda la sociedad, incluidos los familiares de los ancianos que han ser más celosos a la hora de internar a sus mayores", señaló. Boghemans también alertó que en muchos casos se trata de un problema de legislación. "Cuando yo abrí mi residencia, tuve que atenerme a la normativa europea ante el vacío que había en España en materia de servicios sociales", concluyó.