El Consell conocía ya en 1997 que el Ivex tenía problemas para cobrar 533 millones de pesetas

VIENE DE LA PÁGINA 1 Tabares desmintió las declaraciones realizadas por altos cargos del Gobierno valenciano, que anteayer aseguraron que desconocían su paradero. "Ellos lo sabían", manifestó el ex director en referencia al Ivex, "yo mismo les di el número del teléfono móvil que alquilé en Tokio y nunca he estado ilocalizable ni en paradero desconocido", precisó.

Tabares, que aclaró que el conflicto lo resolverá en los tribunales y no en los medios de comunicación, defendió, de nuevo, la operación por la que ahora le acusan de supuesto delito societario. "Las compañías pueden tener poco valor patrimonial [Sonotube y Graficom no tienen en la actualidad actividad], pero la realidad es que se exportan coches de Ford. Espero que Ford lo explique".

El mismo día que Tabares daba explicaciones públicas desde que estallara el escándalo, se conocían nuevos datos del caso. El Consell conocía al menos desde el año 1997 la existencia de cobros pendientes relacionados con el contrato entre el Ivex, la empresa Sonotube y Ford España para facilitar la exportación a Túnez de los vehículos de la multinacional automovilística. Así se desprende del informe de la Sindicatura de Comptes referido al ejercicio de 1997, que, en el apartado dedicado a las cuentas presentadas por el Ivex, señala que existen deudas de empresas clientes por 533 millones de pesetas "cuyos efectos comerciales descontados en una entidad financiera no fueron atendidos por las citadas empresas al cierre del ejercicio". El órgano fiscalizador añadía que la citada deuda se encontraba pendiente de cobro y recomendaba al instituto que se aclarase el cobro de la deuda, "y, en su caso, la dotación de la provisión para insolvencias".

Esta parte del informe fue calificada como un hecho "gravísimo" por un experto auditor consultado ayer por este periódico. Esta fuente consideró que se trata de un "riesgo desproporcionado" para una empresa pública de las dimensiones del Ivex.

El informe de la Sindicatura de Comptes se detiene en el contrato suscrito por el Ivex con Ford España el 7 de julio de 1995 -poco después de que el Partido Popular ganara las elecciones autonómicas-, que fue renovado dos años después y continúa vigente en la actualidad. El escrito señala: "En virtud de este contrato, el Ivex se obliga a efectuar compras de todo tipo de productos industriales metalmecánicos a Sonotube en Túnez, con el fin de venderlos por el mismo importe a la empresa Apod en Francia, para generar los derechos de compensación para la exportación desde España a Túnez de vehículos terminados fabricados por Ford".

El informe de la Sindicatura explica que, en virtud del contrato firmado con Ford, el Ivex "se obliga a prestar los servicios de financiación de los periodos de cobro que se generen y asegurar los riesgos financieros de las operaciones". Pero a continuación detecta un primer punto oscuro, al señalar: "Las operaciones de exportación efectuadas por el Ivex en 1997 relacionadas con el contrato anterior se han extendido a otras empresas clientes distintas de las estipuladas, como son: J2L Holding y Smoking,SA, sin que nos conste que el Ivex haya suscrito los correspondientes contratos con las mismas". Ninguna de estas dos empresas ha aparecido en el relato de los hechos facilitado por la actual directora del Ivex, Carmen de Miguel.

Este caso que aparece en el informe de la Sindicatura y los hechos denunciados anteayer por los actuales responsables del Ivex, a pesar del sorprendente parecido entre ambos, no guardan relación alguna entre sí, según declaró anoche a este diario De Miguel. La directora aseguró que en aquella operación no había letras de cambio de por medio e insistió en que la deuda de las empresas clientes estaba "prefinanciada" por una entidad bancaria con la que el Ivex "no tenía póliza de descuento". De Miguel añadió, en su defensa, que la auditoría correspondiente al ejercicio de 1997, realizada por Audihispania, "salió sin tacha". Una portavoz del Ivex aseguró ayer que la prestación de avales no es un servicio que presta habitualmente la sociedad pública. "Es un caso excepcional", precisó.

En estas condiciones, resultará sin duda muy clarificador el próximo informe de la Sindicatura de Comptes sobre el Ivex, el correspondiente al ejercicio de 1998, que debe estar a punto de salir a la luz.

Mientras tanto, el Consell mantiene el mutismo más absoluto en torno al asunto, que casualmente ha estallado coincidiendo con el viaje del presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, a Nueva York. Fernando Castelló, titular de la Consejería de Industria y Comercio, departamento del que depende el Ivex,eludió ayer comentar el asunto. Castelló ha solicitado comparecer en las Cortes Valencianas para dar explicaciones.