¡La cara que puso Trias! GERMÀ BEL

No me interpreten mal. No me refiero al gesto asertivo del entonces consejero en funciones Xavier Trias cuando Maragall mencionó -en el transcurso de su intervención en el debate de investidura- la incógnita existente sobre la personalidad del próximo líder del lobby de CiU en el Congreso, del nuevo Roca o el nuevo Homs en Madrid. La cosa que ocupa ahora nuestra atención es más literal, y su origen no está en las cuitas con la oposición sino en los tratos con los aliados.Quien siguiera por televisión la intervención en el debate del portavoz convergente Camp pudo apreciar que su discurso se estiraba más de lo previsto; parecía como si para concluir esperase la confirmación definitiva del voto positivo de los populares. De pronto, Duran Lleida, ejerciendo de verdadero vicepresidente político (con o sin rango, que más da a estas alturas), entregó a Pujol la última versión -tachaduras incluidas- del acuerdo entre CiU y PP. Pujol se interrogó, miró a Duran y ambos coincidieron en un gesto del tipo "en fin, ya está". Al lado del presidente, sin embargo, Trias puso cara de "este marrón me lo voy a tragar yo".

Esta disparidad de gestos sólo tiene una explicación plausible: el grueso de las contrapartidas que los populares recibirán a cambio de votar a Pujol se concentrará en Madrid, en las votaciones en el Congreso. Obviamente, un político respetado y avezado como Trias, que será cabeza de lista de la coalición en las próximas elecciones generales de marzo, no puede ver con mucho agrado cómo se está quedando prácticamente sin margen de maniobra.

El último tramo de la legislatura estatal nos ha deparado ya algunos casos de seguidismo parlamentario de CiU a favor del Gobierno del PP. Los ejemplos se han hecho cada vez más evidentes desde que Pujol anunció el apoyo apriorístico e incondicional a los presupuestos del Estado para el 2000.

A finales de octubre, ya después de las elecciones catalanas, el diputado Guardans tuvo que retirar -poco después de defenderlas- las enmiendas convergentes a la Ley de Defensa de la Competencia. Algunas de ellas coincidían con las de la oposición al otorgar más poder e independencia a los organismos antimonopolio y procompetencia, como hacen en EE UU. Pero esto fue demasiado para el Gobierno popular, que prefiere regular directamente monopolios como Telefónica u oligopolios como el eléctrico, antes que dejarlos sometidos a una supervisión reguladora de organismos independientes con orientación realmente favorable a los consumidores y a la competencia. Porque una cosa es predicar gratuitamente las bondades de la competencia y la liberalización y otra muy diferente renunciar al poder y la influencia que otorgan el trato directo y discrecional con tan grandes núcleos, ahora totalmente privados, de poder económico y mediático.

Aún más paradójico fue lo que sucedió el 10 de noviembre, durante la discusión de la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos del 2000. Con la ayuda (¿impotente?) de CiU, el PP suprimió del citado texto la enmienda que acortaba a 60 días el plazo de pago de las grandes superficies comerciales a los proveedores de productos no perecederos. Un verdadero sarcasmo; un triste final para una enmienda que había sido concebida en el fragor de la discusión que suscitó el anuncio de la fusión de Pryca y Continente. ¿Se acuerdan de la retórica política desplegada por el Gobierno convergente durante la precampaña y la campaña electoral a raíz de ese asunto? Ustedes, sí.

Este tipo de paradojas se ha producido también en otras materias, como las infraestructuras. Aún más recientemente, el 11 de noviembre, los diputados de CiU votaban -junto con los populares- en contra de la propuesta del Grupo Socialista para acortar en 13 años la concesión de autopistas de peaje a Aumar, del 2019 al 2006, y acortar en cinco años la concesión a ACESA, del 2021 al 2016. Es decir, dejar su duración como estaba antes de las últimas prórrogas de 1997 y 1998, compensando la rebaja de los peajes -que se mantendría en vigor- con una parte de los impuestos recaudados de las sociedades concesionarias, especialmente IVA y beneficios. Adicionalmente, se proponía dedicar la parte sobrante de los impuestos