El área de finanzas de Correos desaconsejó la oferta del ex socio de Arias-Salgado para alquilar la nueva sede
Un informe interno de Correos elaborado por su departamento de finanzas consideró en abril de 1998 que el contrato de alquiler para la nueva sede central que ofrecía Monthisa era muy gravoso para el organismo público.Pese a ese informe, el consejo de administración de Correos aprobó un mes después el contrato de alquiler por el que se comprometían a pagar 540 millones anuales durante cinco años en un edificio en el Campo de las Naciones (en las afueras de la capital) que aún no estaba construido.
Monthisa es propiedad de Santos Montoro, un ex socio del director general de Correos, José Ramón Esteruelas, hasta 1997, y del ministro de Fomento, Rafael Arias-Salgado, hasta 1991. Montoro, Esteruelas y Arias-Salgado compartieron negocios en Mallorca durante muchos años alquilando apartamentos turísticos. Estas relaciones societarias han llevado al PSOE a pedir explicaciones en el Congreso sobre el contrato millonario adjudicado a Monthisa.
Los expertos de Correos en el departamento de finanzas consideran que el borrador de contrato de Monthisa establecía "un desequilibrio evidente" por las "excesivas cautelas para la parte arrendadora, y una situación de indefensión para Correos, dadas las condiciones excesivamente onerosas que se derivan del borrador".
EL PAÍS intentó ayer, sin éxito, conseguir la versión de la responsable del departamento de finanzas, Carmen Rodríguez Ares, firmante del escrito; y del subdirector adjunto, Carmelo Molina. Yolanda Palomo Castillo, jefa del área jurídica y financiera de Correos cuando se hizo el informe, y hoy destinada en la asesoría jurídica, localizada anoche en su domicilio por este diario, declinó hablar, y remitió al Gabinete de Prensa de Correos, cuya versión solicitó también este diario ayer sin éxito.
Ningún responsable de Correos precisó si el contrato fue corregido tras el informe técnico, donde se censuraba que para el alquiler se estableciese una duración máxima de 15 años, excepto si se ejercía la opción de compra a los cinco, sin que se fijase la posibilidad de resolución anticipada del contrato por parte de Correos.
Doble revisión
También era objeto de crítica el siguiente hecho. "Se prevé la actualización de la renta al valor del mercado" y "se establece la revisión de la renta como concepto independiente a la actualización. Esta doble revisión resulta gravosa para los intereses de Correos. Además, la actualización se llevará a cabo por cinco consultoras propuestas por la parte arrendataria".El informe proclamaba, en contra de las intenciones de Monthisa, que los gastos deben satisfacerse por Correos cuando se ocupe la sede, no tras firmar el contrato. Y se mostraba contrario a que se repercutieran gastos como los de seguridad, limpieza o mantenimiento de ascensores. El informe reclamaba que Correos no aceptara pagar los tributos pertinentes hasta la ocupación del edificio. Y se consideraba "excesivo" que Correos renunciase al derecho de tanteo o retracto, ya que de no ejercer su opción de compra en el 2004 no tendría derecho preferente para adquirirlo.
No menos reprochable le pareció al departamento de finanzas otro aspecto del contrato: "Que la arrendataria reconoce y declara recibir la finca objeto de arrendamiento en buen estado de conservación, a su entera conformidad, y con las instalaciones y servicios en perfecto estado de funcionamiento. Esto resulta demasiado comprometido si tenemos en cuenta que la finca no ha sido construida en el momento actual". Los técnicos exigen "la posibilidad de intervenir en la modificación del proyecto para adaptarlo mejor" a las necesidades de Correos.
En agosto pasado, Correos pagó 140 millones a Monthisa porque el edificio padecía serias deficiencias, como carecer de cafetería. Finalmente, el informe resume sus reparos políticos en una frase: "La capacidad de Correos para negociar esta operación es prácticamente nula. Asimismo, la rebaja del 15% de lo abonado durante el arrendamiento sobre el precio de compra del edificio se considera insuficiente teniendo en cuenta las cantidades totales abonadas durante los cinco años iniciales (2.700 millones)".
