La Audiencia abre el proceso por la estafa al fisco en la venta de gasóleo

La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitará cuatro años de prisión y multa de 1.224 millones de pesetas para cada uno de los tres acusados de un presunto delito de falsedad en documento mercantil y público contra la Hacienda Pública por declarar gasóleo del tipo A como B o C, que están sujetos a un tipo impositivo muy inferior al de la primera clase. El juicio contra los tres encausados (el empresario dedicado a la comercialización de gasóleos Ezequiel Flores Álvarez y sus empleados Esteban Benítez Barreras y Guillermo Sebastián González) comenzará el próximo miércoles en la Audiencia Nacional.El fiscal explica en su escrito de conclusiones provisionales que Flores era socio mayoritario y administrador de la firma Gallega de Petróleos (GAPESA), que tenía concedida la categoría de Depósito Fiscal y que gracias a ello podía "almacenar y expedir en régimen suspensivo productos objeto de los impuestos especiales". Según el fiscal, para realizar las operaciones descritas, Flores utilizaba otras empresas de su propiedad como Cemensa, Petróleos Peninsulares, Suministros y Carburantes del Segre, Remeza, Promotores de Mercados y Servicios (Promensa), Castellana de Energéticos, Energéticos del Sur, Petróleos Cuenca y tres estaciones de servicio de Badajoz.

Según el escrito, los acusados, "con ánimo de beneficiarse económicamente, y en perjuicio de la Hacienda pública", suministraron "a diferentes compradores gasóleo tipo A, sujeto al impuesto especial de hidrocarburos, repercutiendo el importe de las cuotas devengadas por dicho impuesto en el precio pagado por los adquirentes".

Además, explica que "manipulando y alterando los datos reales de los albaranes, facturas, impresos de los modelos de liquidación que deben presentarse en el Ministerio de Hacienda, así como la documentación contable de las empresas del primer acusado, el gasóleo suministrado se facturaba como de tipo B o C, que se encuentra sujeto a un tipo impositivo muy inferior al de tipo A, declarándose en el Ministerio de Hacienda que se había suministrado dicha clase de gasóleo, con lo que los acusados hacían suyos los importes del impuesto que tenían que haber pagado, habiendo dejado de ingresar a la Administración de Hacienda 612 millones de pesetas".