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Pagar menos a las mujeres cuesta caro

230.000 funcionarias de Canadá ganan la batalla al Gobierno por discriminación salarial

La justicia siempre llega, aunque a veces parece tardar una eternidad. A 230.000 funcionarias públicas de Canadá les ha costado 15 años de forcejeo legal con el Gobierno de ese país, al que demandaron porque las discriminaba pagándolas mucho menos que a sus colegas masculinos. El maratón de paciencia les ha merecido la pena y ahora saborean una dulce victoria de 3.600 millones de dólares (unos 600.000 millones de pesetas), más los intereses retroactivos.El Gobierno ha accedido a pagarles esa histórica indemnización no por cansancio de oír sus quejas ni por generosidad, sino por orden de un juez que le forzó a sentarse a negociar con el Sindicato de Funcionarios Públicos de Canadá, defensor de las discriminadas. "No se trataba sólo de dinero, era una cuestión de principios", declaraba esta semana Colette Gervais, administrativa de 61 años que aún recuerda el día en que preguntó a sus jefes cuál era la razón para que su compañero ganara 4.000 dólares (650.000 pesetas) más que ella y le contestaron que "porque era hombre y estaba casado".

Hartas de respuestas similares, las mujeres acudieron en 1984 a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que al cabo de casi cuatro años verificó las diferencias salariales. Comenzaba así el primer capítulo de la saga.

Los siguientes episodios los protagonizó el Gobierno, atrincherándose tras la ambigüedad de las leyes que, irónicamente, reconocen la igualdad salarial para trabajos equiparables pero no obligan a su aplicación. "La ley está ahí para quien quiera recurrir a ella, pero, a menos que los trabajadores tengan respaldo sindical, las corporaciones y el Gobierno encuentran siempre cómo darle la vuelta", explicaba desde Otawa, el viernes, Louise Laporte, portavoz del sindicato.

El caso entró en el laberinto judicial de las apelaciones y contraapelaciones, siempre con fallos favorables para las funcionarias, a los que se resistía la Administración. En uno de los dictámenes del año pasado, cuando ya estaba claro que las féminas no iban a cesar en su empeño de obtener igualdad de derechos, les ofrecieron zanjar el caso con 1.000 millones de dólares, pero lo rechazaron porque esa cifra no resolvía la inequidad de la nómina sino que servía a la demagogia populista de los políticos que querían emplear el superávit presupuestario en rebajar los impuestos a la ciudadanía y no en subir el sueldo a las burócratas.

El triunfo les llegó, como casi siempre llega todo lo bueno, de forma inesperada. El Gobierno decidió no apelar la última decisión de un magistrado federal a fines de octubre, en gran parte, según Laporte, por la presión de la opinión pública solidarizada con las víctimas del machismo administrativo. Cuando el reparto de la indemnización se haga efectivo, a cada una le corresponderá entre 100.000 pesetas y 10 millones, dependiendo de los años trabajados.

Además de un hito jurídico, las rebeldes con causa han logrado crear un efecto dominó que ha inundado los tribunales de demandas por discriminación laboral. Entre otras, las de las empleadas de correos, Air Canadá y la compañía telefónica Bell.

El caso ha despertado también inquietud entre las filas conservadoras, encabezadas por el Partido de la Reforma, que proponen un debate parlamentario para restringir los derechos que otorga la ley actual, vigente desde hace 20 años.

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