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Un documento político

El texto aprobado ayer es un documento político, sin rango jurídico, porque la Comisión Europea, al igual que el Parlamento Europeo, no tienen derecho de iniciativa en la reforma de los Tratados. Es sólo el Consejo de Ministros, a través de la convocatoria de una Conferencia Intergubernamental (CIG), quien puede poner en marcha esa reforma. El objetivo del documento es presionar a los Quince para que se decanten por realizar una reforma institucional profunda y rápida. La reforma de las instituciones europeas tiene como objetivo adaptarlas a una UE que, con las futuras incorporaciones, puede superar los 25 socios. El derecho de veto y la ponderación del voto se pensaron para la comunidad de los seis socios fundadores (Alemania, Francia, Italia y los tres del Benelux).

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La Comisión propone convertir en excepción el derecho de veto en la UE
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