Condenado un ortopédico de Alcoy por estafar al Servei de Salut
El Juzgado de lo Penal número 3 de Alicante ha condenado al propietario de dos ortopedias de Alcoy y además apoderado de una tercera, Rafael Seguí, por un delito de estafa al Servei Valencia de Salut (SVS), organismo al que facturó material ortopédico sobrevalorado en cerca de un millón y medio de pesetas. El magistrado, en el fallo, ha seguido al detalle la petición del ministerio fiscal que le ha llevado a condenar al acusado a un mes y un día de arresto mayor, al pago de las costas causadas y a indemnizar al Servei Valencià Salut con 1.472.992 pesetas en concepto de responsabilidad civil, cantidad que coincide con el total de la estafa denunciada. El magistrado del Juzgado de lo Penal establece en un auto posterior a la sentencia que el pago de esta cantidad podrá abonarse en plazos de 50.000 pesetas mensuales.
Los hechos que han derivado en esta resolución judicial se remontan al año 1992. Según la sentencia, el acusado dispensó en esta fecha a 25 pacientes de los médicos del servicio de traumatología del SVS cojines y colchones ortopédicos que facturó por un valor inferior al tasado.
En concreto, se explica que los cojines, "tasados cada uno en 89.131 pesetas, fueron facturados por el acusado al SVS que le abonó por ellos 2.228.275 pesetas". Sin embargo, añade la sentencia, "el acusado no dispensó a los pacientes los cojines recetados y facturados", sino otros valorados en 41.615 pesetas (16 unidades) y 17.961 pesetas (9 unidades).
Petición de condena
La resolución agrega que "en otra ocasión el acusado facturó al SVS el importe de un cojín antiescaras de aire sin haber entregado al paciente ningún artículo". Durante el juicio, la defensa del acusado mostró su plena conformidad con los hechos, la calificación jurídica y la petición de condena del ministerio fiscal.
Con anterioridad a esta vista oral, la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de Alcoy dictó el pasado mes de septiembre un auto en el que sobreseía la querella presentada por el acusado contra varios trabajadores del servicio de traumatología del SVS por presunto delito de prevaricación y cohecho, al no "resultar debidamente justificado el delito", según la juez instructora.
La magistrada abrió diligencias por un delito de estafa contra el ahora condenado, que carecía de antecedentes penales. El SVS se personó como acusación particular. El ministerio fiscal en su conclusiones definitivas efectuadas en la vista oral calificó los hechos como constitutivos de un delito de estafa, según el Código Penal, y consideró autor de los hechos al acusado, por lo que solicitó una pena de un mes y un día de arrestó mayor el pago de las costas del proceso judicial.
