Justicia anuncia cuatro leyes de retribuciones judiciales y negocia con los secretarios, que renuncian a la huelga

El Ministerio de Justicia prepara cuatro anteproyectos de ley para regular, respectivamente, las retribuciones de jueces, fiscales, secretarios judiciales y resto de cuerpos al servicio de la Administración de Justicia. Así lo anunció ayer el subsecretario de Justicia, Ramón García Mena, tras la reunión que altos cargos del departamento celebraron con los representantes de las asociaciones de secretarios judiciales, quienes plantearon su pretensión de percibir entre el 70 y el 80% de lo que se asigne a los jueces y, a la vista de las negociaciones en curso, que proseguirán en diciembre, anunciaron su renuncia a la huelga. García Mena explicó que Justicia quiere que los cuatro anteproyectos de ley, en los que se trabaja "simultáneamente", dijo, estén elaborados antes de que termine la actual legislatura. En el relativo al resto de cuerpos de la Administración de Justicia, se incluirá la regulación de los sueldos de médicos forenses, técnicos en toxicología, oficiales, auxiliares y agentes judiciales.

Los conceptos retributivos de los secretarios judiciales serán idénticos a los que se regulen para jueces y magistrados, con las especificaciones adecuadas a cada puesto, responsabilidad y dedicación.

El presidente del Colegio Nacional de Secretarios Judiciales, Antonio Dorado -que días pasados anunció la convocatoria de una huelga si Justicia elevaba el sueldo sólo a jueces y fiscales- leyó ayer un comunicado en el que manifestó la conformidad del ministerio con su pretensión de igualar los conceptos retributivos de jueces y secretarios y anunció su pretensión de percibir entre el 70 y 80% de lo que cobren los jueces. Dorado calificó de "error" que las asociaciones de jueces y fiscales no contaran con los secretarios judiciales para realizar una reclamación conjunta.

En cuanto a la posible utilización de la huelga por jueces y fiscales, el portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Benigno Varela, insistió ayer en Santiago de Compostela que "un poder del Estado no puede declararse en huelga". En cambio, estimó "fundamentadas y legítimas" las aspiraciones del colectivo, aunque no haya asignación presupuestaria para satisfacerlas en el año 2000.