Con TVE a cuestas

LA PROPUESTA lanzada por el secretario general del PSOE, Joaquín Almunia, sobre un nuevo modelo de funcionamiento de los medios de comunicación públicos introduce elementos distintos en un debate de carácter cíclico sobre un problema que la democracia española no ha sabido o no ha podido resolver hasta ahora. De entrada, existe el compromiso público del líder de la oposición, anunciado en un debate con el presidente del Gobierno en el Congreso, a hacer, caso de ser elegido, las reformas necesarias para que el director general de Radiotelevisión Española sea designado por el Parlamento y para crear un Consejo Audiovisual formado por personalidades independientes como órgano tutelar de los medios de comunicación públicos. Algo parecido planteó Pasqual Maragall, en una reunión con de doscientos periodistas, durante la campaña electoral catalana. Ni Aznar ni Pujol se han molestado en acusar recibo de la propuesta.Hay un modo facilón de descalificar la propuesta de Almunia: recordar lo que los socialistas hicieron con Radiotelevisión Española cuando gobernaron. Pero los populares no pueden vanagloriarse de actuar mejor que los socialistas en el uso y el abuso a su servicio de los medios de comunicación públicos. Harían bien, por tanto, en escuchar la propuesta y en pronunciarse sobre ella con argumentos concretos. No es serio desdeñarla con el eterno recurso al pasado. Porque algo hay que hacer con los medios de comunicación públicos, tanto los del Estado como los de las comunidades autónomas. Y para que se llegue a hacer algo es importante poner el debate en la calle. Es la presión de la opinión pública la única que puede hacer mover las cosas.

Los modelos experimentados en otras democracias más consolidadas que la nuestra buscan la despolitización de la autoridad audiovisual. Cuando vemos la facilidad con que los profesionales que aceptan cargos directivos en los medios de comunicación públicos se someten a las consignas de quien gobierna es legítimo preguntarse si sólo es culpa de los políticos que no se den las condiciones para un modelo de independencia parecido al británico. Si la propuesta de Almunia diera como resultado una sustitución del monopolio del partido gobernante por un sistema de cuotas, el avance conseguido no sería para enorgullecerse. Y, sin embargo, hay que intentarlo.

El Gobierno no tiene excusa para negarse a un nuevo consenso entre las fuerzas políticas para acabar -o por lo menos dificultar- los abusos del poder en las televisiones y radios públicas. No cabe seguir echando balones fuera para, el día en que le toque pasar a la oposición, convertirse en adalid del pluralismo que ha negado. Porque una cosa es cierta: el grado de utilización propagandística de la televisión y la radio del PP es díficil de igualar. Convertir a España en un país en el que nunca pasa nada, en que todo lo que ocurre es para bien, obra y gracia de José María Aznar, ya no es una cuestión de manipulación, es la expresión de una mentalidad que conjuga con la paranoia del Partido Popular, que ve siempre enemigos por todas partes. Por estos caminos, por la dinámica de la calumnia que algo queda por la que lleva el debate el portavoz del PP, Rafael Hernando, no se va a ninguna parte. Se propicia que se siga representandodo en el futuro una comedia ya demasiado vista, en la que los actores cambian de papel, pero el guión es el mismo.