"¡Al carajo con los moderados!"

Los revolucionarios de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anuncian su nuevo sitio en la red con una tabernaria proclama patria acorde con el tono adquirido por el conflicto que desde el 20 de abril mantiene paralizada la universidad más grande de América Latina. "El sabotaje electrónico no ha hecho cambiar de dirección. ¡Viva México, cabrones!" Una huelga sin precedentes alcanzó a los partidos y a toda la sociedad en un año electoral histórico, y muchos piden recuperar las aulas a porrazos. El grito de los irreductibles al mando del paro es todavía guerrero: "¡Al carajo con los moderados!"Concebida inicialmente contra la inoportuna subida de las matrículas decretada por el rector, Francisco Barnés, de dos centavos de dólar a unos 120 dólares anuales de promedio (de unas 3,2 pesetas a 19.200), la huelga consiguió anular el incremento de tasas, la abrogación del Reglamento General de Pagos, pero después fue a por todas, imprimió un carácter insurgente a sus banderas y parece empeñada en la rendición del adversario.

El Consejo General de Huelga demandó una reorganización del calendario escolar y del reglamento de exámenes, el acceso del bachillerato a la universidad sin pruebas de selectividad, la apertura de espacios a la discusión y el análisis -llámense foros o asambleas- y una modificación de los vínculos entre la UNAM y el Centro Nacional de Evaluación (CNEVAL).

"Haremos que renuncie Barnés y nombraremos nosotros a las autoridades", se jactó por televisión un revolucionario. El subcomandante Marcos, jefe de la guerrilla zapatista sublevada en 1994, apoya sus reivindicaciones y aconseja no ceder.

El punto fundamental y nudo gordiano del pliego petitorio es la exigencia de una activa participación estudiantil en un Congreso Universitario Resolutivo, una suerte de asamblea constituyente abierta a la sociedad que redacte las nueva estructura y las funciones de una institución gigante, de trayectoria autoritaria, excesivamente rígida y sujeta a reconstrucción, con 270.000 estudiantes y 30.000 empleados y académicos.

La gratuidad de la educación superior, establecida en el artículo tercero de la Constitución, reformado en 1993, es el punto de partida de una plataforma con ribetes seudomarxistas, pendiente de discusión después de seis meses. En ella se acusa al rector y a las autoridades gubernamentales de pretender la progresiva privatización de facultades y escuelas asumiendo la condición de encomenderos del neoliberalismo y del Fondo Monetario Internacional (FMI).

"¡Educación: primero, al hijo del obrero; después, al hijo del burgués!", corean en las calles los estudiantes. El grueso de la opinión pública está harta de la huelga que lidera el grupo de Alejandro Echevarría, el Mosh. También lo está la mayoría de estudiantes y profesores que, aunque refrenda la conveniencia de un rejuvenecimiento de los fundamentos universitarios -cuya ley orgánica data de 1945- y celebra la existencia de un debate antes inexistente, denuncia el avasallamiento de la discrepancia por los más radicales. "No niego la inmensa responsabilidad de las autoridades y su cerrazón", escribió en el diario La Jornada el intelectual de izquierdas Carlos Monsivais, "pero señalo el notable fastidio que levantan las provocaciones, el extremismo sin validación ideológica o política, la lluvia de imágenes del Che Guevara y de Mao sin contexto histórico, el nivel de intransigencia con los propios compañeros".

Esta semana fueron ocupados nueve institutos y centros donde se efectúan la mitad de las investigaciones mexicanas, desde la erupción de volcanes al origen del gentilicio chilango. Los científicos fueron desalojados a empujones. "Ahí les dejo 80 proyectos y equipos por dos millones y medio de dólares. Espero que los sepan manejar", espetó a un piquete el director del Instituto de Geología, Daniel Morán.

La Ciudad Universitaria permanece tomada por el sectarismo, y sus centinelas en las puertas de acceso examinan maleteros y bolsas, y saltan sobre el capó o mentan a la madre si la inspección es protestada. ¡El pueblo lo exige! La universidad la paga el pueblo. Por eso es tuya. ¡Defiéndela!, dictan dos pintadas en el campus.

Observar el desarrollo de asambleas con tribunas protegidas por alambres de espino, peroratas que a veces duran un día entero y acaban a golpes, es edificante. "¡Cállate perro! ¡Fuera! ¡Eso es no tener madre! ¡Vete a ladrar a tu partido", arrinconaban los ultras a un estudiante que pidió la palabra por alusiones. "¡Desconocen a su puta madre!", insultó otro desde el fondo del graderío. "¡Pinches moderados!" Según el huelguista Higinio Muñoz, los grupos organizados de siempre ya no pesan en las asambleas. "Ahora prevalecen las posiciones individuales a partir de las cuales se construyen los acuerdos".

Aparentemente lejana la conciliación, el balance de incidencias, entre pedradas, cortes de avenidas y plantones, es importante. El rectorado ha efectuado 78 denuncias por ocupación ilegal ante la Procuraduría General de la República (PGR), y se han registrado 26 marchas, 11 de los huelguistas y 15 de sus contrarios. El Consejo Universitario, la autoridad académica, se declara abierto a enmiendas de calado en los estatutos de la UNAM, a modernizar unos claustros de andamiaje anacrónico, pero rechazan de plano que el congreso exigido por los huelguistas pueda no sólo discutir y proponer, sino también decidir sobre la nueva legalidad.

Nadie ha conseguido consolidar el diálogo: fracasaron el Congreso, que se ofreció como garante de los eventuales acuerdos, y el grupo de profesores eméritos que medió para acercar posturas. Proponía este último la reanudación de clases sin sanciones y analizar, en un espacio a convenir, las reformas. El filósofo Luis Villoro, miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM, sugirió sin éxito el desmembramiento de la universidad en escuelas, institutos y facultades con su correspondiente autonomía, algo parecido a la parisiense Sorbona. Los huelguistas dijeron que no, que desconfían del rector Barnés, y del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Villoro piensa que hay que comprender "la enorme frustración de un grupo de jóvenes que se opone a un sistema en el que ellos no han visto más que corrupción, intereses particulares en pugna y falta de cumplimiento de las palabras dadas". Analistas como Graco Ramírez reprochan que "se aplica el 40% del producto interno bruto para rescatar a los banqueros predilectos [en referencia al rescate bancario de 1995] y se invierte poco más del 4% en la educación".

Aunque imposible ahora, la matanza de estudiantes del 2 de octubre de 1968 se proyecta a veces sobre un conflicto salido de madre, bloqueado en un diálogo de sordos. Ninguna autoridad quiere aventurarse con el coste político que una solución a la fuerza, ni siquiera el lanzamiento de gases lacrimógenos. No lo está la alcaldía de la capital, controlada por el centroizquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), cuyo líder, Cuauhtémoc Cárdenas, aspira a la presidencia en las elecciones del 2000; tampoco, la autoridad de la República, detentada por el PRI, que buscará una prórroga de seis años a sus siete decenios al frente de la presidencia de México.

El PRI y el conservador PAN acusan al PRD de haber coqueteado políticamente con los huelguistas hasta comprobar que son inmanejables, que no sirven como clientela electoral, y los perredistas imputan a los dos primeros intenciones perversas: dejar que el conflicto se pudra para que la alcaldía se manche las manos con una eventual represión y abordar después una reforma universitaria en sentido contrario al pretendido por los insurrectos, esto es, reducir los servicios de la UNAM a las demandas del mercado. La frustrada aprobación de lo que hubiera sido el primer incremento de matrículas desde 1948 desencadenó el pandemónium. No significaba mucho, apenas el 2,5% de un presupuesto de 900 millones de dólares, pero se aprobó en tiempos políticos inconvenientes, constituyó un trágala cuyos efectos nadie previó entonces.