Fabra adjudica a dedo la elaboración de un plan director para el aeropuerto por 29 millones

El presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, contrató sin expediente de adjudicación un plan director del futuro aeropuerto, por el que se ha pasado una factura de 29 millones de pesetas. El estudio ha sido realizado por la UTE formada por IV Ingenieros Consultores, SA, e Ingeniería de Castellón, SA. En ésta última figura como administrador único Rafael Llopis, esposo de la diputada nacional del PP por Castellón Carmen Pardo. Esta UTE fue la adjudicataria del plan de viabilidad de las instalaciones aeroportuarias y del proyecto de construcción de las mismas.

Tanto el informe del secretario de la Corporación provincial como el del interventor señalan la posible "exigencia de responsabilidades" por el pago de esta factura que, sin embargo, será cobrada por la aplicación de una figura jurídica, "enriquecimiento sin causa o gestión de fondos ajenos", por la que los proveedores no tiene por qué ser los perjudicados de una irregular gestión. El informe de secretaría apunta que "al no haber seguido expediente administrativo alguno no es posible conocer la obligación contractual derivada de una contratación administrativa", es decir que se desconoce en qué términos se realizó el encargo, tanto desde el punto de vista del trabajo que había de ejercer la UTE como de la cantidad que se destinaría a su pago. El mismo informe también señala que la factura será pagada "sin perjuicio de que por el órgano competente de contratación se adopten las medidas oportunas para que el expediente previo de contratación se tramite en todos los casos". Por su parte, el escrito del interventor efectúa la misma advertencia al indicar que "se reitera la necesidad de que se tramiten adecuadamente los expedientes de contratación y de sus modificaciones según las formas y procedimientos vigentes, no incurriendo, en los sucesivo, en anomalías". El hecho es que el informe del interventor señala, literalmente, que la realización de este gasto, sin consignación presupuestaria, vulnera la ley y que de su pago se pueden derivar responsabilidades "de las personas que hubieren intervenido en la contratación irregular".

Estos informes aparecen junto a otros dos, del vicepresidente de la Diputación, Francisco Martínez, y del ingeniero jefe de carreteras, Samuel Marca, en los que se justifica tanto el encargo como el pago de la factura pasada por la empresa. Sin embargo, de los dos escritos, el del ingeniero es el más curioso ya que en él se apunta que fueron los "representantes de Aviación Civil" quienes consideraron conveniente que el trabajo fuera realizado por el mismo equipo que había efectuado los anteriores.

Tal como relata Samuel Marca, en julio de 1998 se realizó una visita a la subdirección general de Aviación Civil, que depende del Ministerio de Fomento, en la que estuvieron presentes los técnicos de la UTE que realizaron el proyecto de construcción. "En esta reunión, los representantes del ministerio indicaron la necesidad de que, antes de cualquier actuación sobre el aeropuerto, era necesaria la confección de un plan director", señala su informe. Entonces, la Diputación ya había encargado dos estudios, el de viabilidad y el de construcción y, sin embargo, no contaba con el necesario plan director para que el proyecto fuera aprobado por el Ministerio. De hecho, el informe reconoce que sin la confección de este plan director "no se puede realizar ningún trabajo previo del aeropuerto, para que luego sea probado por el Ministerio de Fomento".

"Los representantes de Aviación Civil indicaron que sería conveniente que el equipo que estaba redactando el proyecto hiciera el plan director, dado que el plazo de presentación finalizaba en noviembre y que no habría tiempo de que se hiciera éste por otros técnicos, y en esa reunión surgió el compromiso de que el citado equipo redactara el plan director", añade el ingeniero. El informe acaba justificando el montante al que asciende la factura, 29 millones de pesetas, que considera "correcta".