El recurso revelador

CUANDO LA Comisión Europea decidió que los costes de transición a la competencia (CTC) del mercado eléctrico aprobados por el Gobierno eran ayudas de Estado, el portavoz del Ejecutivo y ministro de Industria intentó quitar importancia a esa decisión, y desde entonces ha insistido públicamente en que las autoridades europeas acabarán por aprobar la compensación de 1,3 billones de pesetas pagadera por los usuarios a las empresas eléctricas a cambio de una liberalización más que dudosa, al menos por el momento. Pues bien, el mismo Gobierno que tan despreocupado se mostró por el dictamen europeo acaba de presentar, prácticamente de incógnito, un recurso ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo para impugnar aquella decisión que, lo quiera o no el ministro, desbarata totalmente el intento del Gobierno de hacer pasar esos 1,3 billones como una indemnización por el cambio regulatorio o una retribución especial por el ritmo excepcionalmente rápido de liberalización del sector.El Gobierno sigue manteniendo que "no pasa nada" o que las autoridades comunitarias aceptarán el punto de vista español. Si las negociaciones discurren tan bien, no se entiende por qué se ha presentado el recurso; y si las negociaciones no van tan bien, la despreocupación que aparenta el Gobierno sería una demostración de que está trivializando u ocultando los reveses que sufre en Bruselas, donde, se mire como se mire, han rechazado las tesis oficiales sobre los controvertidos CTC. Es un mal gesto que el portavoz asegure que a un recurso jurídico sobre un asunto sobre el que está en juego más de un billón de pesetas "no hay que darle más importancia que la que tiene"; la tiene para los consumidores que tengan que pagar esa cantidad con recargos en el recibo de la luz.

Peor es aún la vocación de clandestinidad con que el Ministerio de Industria está negociando en Bruselas. Las informaciones que facilita son nulas o confusas: si por el Gobierno fuera, los ciudadanos apenas se habrían enterado del problema, incluyendo la presentación del recurso. El Ejecutivo actúa como si no existieran consumidores y vecinos, legítimamente asociados, que quieren intervenir para defender su derecho a no pagar tarifas que no sean admitidas por las autoridades europeas de la competencia.

Existen fuertes evidencias de que la negociación eléctrica en Bruselas está siendo un fracaso. Quizá pueda corregirse, pero de momento, y mientras el Tribunal de Luxemburgo no diga lo contrario, el hecho incuestionable es que los CTC son ayudas de Estado. Esa calificación es un grave revés para el Gobierno que los aprobó en 1998 y para las empresas eléctricas que corren el riesgo de percibir cantidades muy inferiores a las que pactaron con Josep Piqué. Además de reclamar ante un tribunal por un dictamen que considera injusto, algo que es perfectamente legítimo, el Gobierno debería elaborar ya una estrategia distinta para el caso de que el recurso no prospere. Pero la única estrategia visible parece ser la de dejar que el tiempo pase y seguir diciendo a los ciudadanos que todo va bien en Bruselas.