La seguridad de las instalaciones de butano dependerá del usuario y no de las empresas

Industria y la Comisión de la Energía están preparando un real decreto para desarrollar la Ley de Hidrocarburos y liberalizar la distribución de gases licuados. Desde la Comisión, dirigida por Pedro Meroño, se fomentan medidas para impulsar la competencia. Una de ellas es trasladar la responsabilidad de la seguridad de las instalaciones de las empresas al usuario, de forma que las exigencias en esta materia no impidan cambiar de suministrador. El reparto a domicilio de butano precisa ahora un contrato suministrador-usuario y la comprobación de la instalación por la empresa.

En los contactos entre el Ministerio de Industria y la Comisión de la Energía, este último organismo ha cuestionado el primer proyecto de reglamento sobre distribución de gas elaborado por el departamento que dirige Piqué por mantener las barreras de entrada al mercado de la distribución de gas y, en especial, por aceptar una "asimetría" entre los requisitos exigidos según se suministre el butano a domicilio o en otros puntos de venta (hipermercados, gasolineras...) como prevé la ley.En la actualidad, el reparto a domicilio de butano implica la previa suscricpción de un contrato por escrito entre el suministrador y el usuario y la comprobación, por parte de la empresa suministradora de la idoneidad de la instalación. Sin embargo, cuando el usuario pueda comprar gas en otros puntos de venta, no se le exigirá ni la previa suscripción de un contrato por escrito ni la verificación por la empresa comercializadora del estado de su instalación

Certificación obligatoria

Para eliminar esa asimetría en los requisitos, la Comisión de la Energía propone que los comercializadores de gas sólo sean responsables de su producto y del envase que lo contiene. El usuario será responsable de tener certificada la idoneidad de sus instalaciones por una instaladora debidamente autorizada y las acreditaciones de las revisiones periódicas.

Con esta medida, el usuario podrá cambiar de suministrador, si lo desea, sin estar atado contractualmente con ninguna empresa en concreto. Desde la Comisión de la Energía se destaca, además, que con las actuales normas liberalizadoras, un usuario podría fácilmente eludir los requisitos de instalación con el simple hecho de comprar la bombona de gas directamente en cualquier punto de venta. Mantener requisitos diferentes, según el órgano regulador dificultaría "el libre comercio sin aportar garantía de un funcionamiento técnicamente seguro". Otra medida es, precisamente, dotar de carácter "excepcional y transitorio" la obligación de suministrar a domicilio.

La Comisión propone también un debate "en profundidad" sobre el precio máximo del butano. En este sentido, sugiere al ministerio tener en cuenta que "el establecimiento de un precio único en todo el territorio nacional puede ser contrario a la eficiencia económica".

Por último, el organismo que dirige Meroño aconseja a Industra eliminar las barreras de entrada de nuevos agentes al mercado de los gases licuados del petróleo y pone el ejemplo de las exigencias económico-financieras que se imponen en la normativa de Hidrocarburos a los distribuidores al por mayor (capital mínimo de 500 millones de pesetas) y al por menor (100 millones de pesetas).

Fuentes de la Comisión de la Energía han subrayado el clima de colaboración y entendimiento con el departamento que dirige Piqué para dar luz verde al futuro real decreto que regulará un mercado que se ha revelado crucial para el control de los precios.