Gibraltar niega auxilio judicial a España para perseguir el blanqueo de capitales

Enviar una comisión rogatoria (petición de ayuda judicial) a Gibraltar es una tarea inútil. La colonia británica es la que pone más pegas a las peticiones de auxilio remitidas por España y la única que se niega a contestar a los jueces españoles. Esta negativa obliga a estos últimos a renunciar a sus peticiones, por lo que decenas de investigaciones sobre blanqueo de capitales en la Costa del Sol están paralizadas. Gibraltar no responde a ninguna de las peticiones de auxilio, porque no se dirigen directamente a los jueces gibraltareños sino que se canalizan a través del Reino Unido.

En el paraíso fiscal de Gibraltar las sociedades crecen como hongos. De las 76.000 reconocidas, 8.466 han desarrollado actividades en España, fundamentalmente en la Costa del Sol, según datos de la Agencia Tributaria. En su mayoría están implicadas en blanqueo de capitales que luego se reinvierten en negocios inmobiliarios en el sur de España. Otras sirven como tapadera para la evasión fiscal de ciudadanos españoles y de mafias internacionales. Pero investigarlas desde España supone una tarea imposible.Cuando los 15 líderes de la Unión Europa pretenden abolir las fronteras judiciales y levantar el secreto bancario, en Gibraltar las comisiones rogatorias urgentes que remiten los jueces españoles, en su mayoría procedentes de juzgados de Andalucía, se estrellan contra un impenetrable muro de silencio.

La policía se ve impotente ante el frenazo a sus investigaciones en la Costa del Sol, y casos relevantes sobre los capos gallegos del narcotráfico o relativos a los miembros de la mafia rusa e italiana que han echado raíces en el sur se detienen en la puerta de la Verja. "Cuando investigas sus bienes, siempre aparecen a nombre de una sociedad gibraltareña. A partir de entonces es imposible atribuírselos", señala Severino González, jefe de la brigada de Delincuencia Ecónomica.

La oficina de Interpol en España tramita las comisiones rogatorias por fax, a una velocidad de vértigo, hasta su central en Londres, y ésta, a través del Reino Unido, las canaliza con celeridad hasta los juzgados del Peñón. Pero en la Roca se paralizan con multitud de pegas y supuestos defectos formales planteados por los jueces gibraltareños, lo que provoca que la respuesta no se obtenga nunca, según señalan fuentes de Interpol.

La totalidad de las peticiones de auxilio españolas fracasa, más de un centenar en los últimos años, y la información solicitada no llega jamás. Simplemente se niega sistemáticamente, según señalan fuentes policiales y judiciales españolas.

El Gobierno gibraltareño reconoce que las comisiones rogatorias españolas no se contestan, y argumenta que "no se pueden atender porque no vienen dirigidas a la autoridad judicial competente en Gibraltar como dicta el tratado internacional". Un portavoz oficial señaló a EL PAÍS que el problema surge "porque España no quiere reconocer el Poder Judicial en Gibraltar".

El representante de Peter Caruana, ministro principal del Peñón, asegura que "cuando, de vez en cuando, un juez español se salta a la torera las directrices del Ministerio de Asuntos Exteriores español, o simplemente las olvida, y nos llega una comisión rogatoria debidamente dirigida, ésta se atiende correctamente como las que nos llegan de otros países". Ésta es la posición oficial de la Corte Suprema de Gibraltar, cuya justicia es independiente del Reino Unido, según el citado portavoz.Pero esto no siempre es así. Recientemente, un juzgado de Andalucía que envió su petición directamente a Gibraltar y encabezó su escrito de auxilio judicial con el latigillo de "a las autoridades judiciales británicas" recibió como respuesta una reprimenda de su colega gibraltareño, que le contestó que la comisión rogatoria no se tramitaría si no la modificaba y dirigía a "las autoridades judiciales gibraltareñas".

Defectos formales

El juez español cedió y modificó su presentación, pero luego le argumentaron otros "defectos formales" para negarse a contestar. Finalmente, desistió y no pudo obtener los datos que requería. Unos datos claves para su investigación sobre blanqueo de capitales. Este caso es similar al que padecen todos los jueces que pretenden investigar una cuenta o una sociedad radicada en Gibraltar.

En algún caso aislado y cuando el juez español ha aceptado pedir auxilio a su colega gibraltareño, reconociendo la "soberanía jurídica de Gibraltar", ha recibido contestación a los dos años. Con otros países, la respuesta a las peticiones de auxilio urgente no supera los tres meses.

Esta comunicación directa entre los jueces es ilegal, ya que sólo se permite a los magistrados de los países acogidos al Convenio de Schengen y el Reino Unido no se adhirió a este acuerdo. Además, España no reconoce "soberanía" al Peñón.

Para la policía española, el negocio que ampara el secreto bancario, principal motor financiero del Peñón, es la causa real de esta cerrazón de la justicia de Gibraltar y no estas cuestiones de índole formal. "Pedimos datos relacionados con sociedades, cuentas y flujos financieros, pero ponen tantas pegas que los jueces españoles tienen que desistir. Es el único lugar de Europa en el que tenemos problemas. El Peñón se ha convertido en un excelente refugio para los delincuentes. Con los demás países la tramitación es muy rápida", señalan fuentes de Interpol.