Las cajas andaluz aguardan su fusión

La Ley de Cajas de Ahorro de Andalucía ha abierto un encendido debate sobre el futuro de las entidades financieras en esta comunidad. Los dos partidos que forman el Ejecutivo autonómico, el PSOE y el Partido Andalucista (PA), han llevado al. Parlamento andaluz un texto que regulará el funcionamiento de las seis cajas de ahorro con sede en la región y que ha provocado el rechazo de la oposición, PP e IU, y algunas fisuras en la coalición de gobierno. Como telón de fondo de la ley, subyace la intención del presidente de la Junta, Manuel Chaves, de impulsar la fusión de las seis entidades para formar una sola caja que pueda competir con solvencia en el mercado.

Chaves ha reiterado en numerosas ocasiones que se trata de una ley de Estado para Andalucía y que debe salir adelante con el máximo consenso. Pero su aprobación, Prevista para diciembre, está encontrando trabas.

En las próximas semanas, el PSOE se ha comprometido a hacer una oferta global a todos los grupos sobre las enmiendas a introducir en la ley. En caso de que la propuesta de los socialistas no sea aceptada, se debatirá el proyecto de ley pactado por PSOE y PA. El vicesecretario general del PSOE andaluz, José Asenjo, ha manifestado a los grupos parlamentarios su intención de hacer cesiones a cambio de que la ley reciba un apoyo mayoritario. "Es una buena ley, pero es preferible que se apruebe con un respaldo amplio", señala.

El aspecto más polémico de la ley, que ya ha pasado el trámite de enmiendas a la totalidad, es la creación de una entidad financiera común, también conocida como caja de cajas, en la que tendrán que participar las seis cajas andaluzas (Unicaja, El Monte, Caja San Fernando, La General, CajaSur y la Caja Provincial de Jaén) en función de sus recursos.

La ley dice que esta nueva entidad promoverá inversiones que respondan a "la acción política económica y social del Gobierno andaluz", lo que ha provocado acusaciones de intervencionismo. A esto se añade un informe del Banco de España que se pronuncia sobre unas enmiendas presentadas por el PSOE sobre la entidad financiera común y en el que se duda de la constitucionalidad de obligar a las cajas a formar parte de la caja de cajas. La consejera andaluza de Economía, Magdalena Álvarez, expresa su sorpresa por dos circunstancias: el informe venía "sin firma" y se refería a unas enmiendas presentadas por un grupo cuando la ley ya está en la Cámara. "El Banco de España nunca interviene en el trámite parlamentario", dice Álvarez.

El Partido Popular se ha agarrado a este informe del banco emisor como a un clavo ardiendo y condiciona su apoyo global a la ley a que se corrija que sea obligatorio que las cajas tengan que integrarse en esta entidad. El secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, señala, además, que esta caja no puede constituirse como una entidad de crédito más. PSOE y PA están dispuestos a suprimir la obligatoriedad para lograr el apoyo de la oposición a la ley.

El Gobierno andaluz ve en la entidad financiera común el embrión de lo que es su objetivo a medio plazo: la fusión de todas las cajas de la región. Una fusión que Chaves se ha comprometido a "impulsar" con el fin de conseguir una caja competitiva en el escenario financiero español. No obstante, el Ejecutivo autonómico también maneja la previsión de que la fusión se, haga al margen de la caja de cajas: La consejera de Economía descarta que pueda haber un "solapamiento" entre ambas instituciones, y subraya que el futuro pasa, de forma ineludible, por la unión de fuerzas y recursos de las cajas para que éstas puedan sobrevivir. El PP ha repudiado el "impulso" a la fusión anunciado por Chaves y dice que debe ser el mercado el que dicte si las cajas deben concentrarse.

Otro de los puntos polémicos de la ley es la representación de la Junta de Andalucía en los órganos de gobierno de las cajas. Por primera vez, la Junta estará en los órganos rectores de las cajas, con una representación del 21%, la mitad elegido por el Parlamento y la otra mitad por el Gobierno autonómico. En aras al consenso, socialistas y andalucistas están dispuestos a aceptar que sea la Cámara la que elija ato dos los representantes de la Junta de Andalucía.

Para llegar a un acuerdo, PSOE y PA también han tenido que superar algunas diferencias. El vicepresidente del PA y alcalde de Jerez, Pedro Pacheco, ha defendido a capa y espada una moratoria de cuatro años para los presidentes de las cajas que ya llevan ocho años en el cargó, el límite de duración de los mandatos previsto en la ley. Los socialistas querían eliminar esta prórroga, pero finalmente los mandatarios de las cajas permanecerán cuatro años más en su puesto.

Las acusaciones de intervencionismo proceden, principalmente, por el hecho de que el Gobierno andaluz se reserva las "directrices" que las cajas deben seguir en materia de obra social. La consejera de Economía niega la mayor y asegura que lo lógico es que la Junta tutele las inversiones de las cajas en función de las necesidades de la región.